La Cuenta de Inversión dejó un déficit financiero superior a los $108 mil millones, una deuda flotante de $184 mil millones y un incremento del 51% en el stock de deuda pública.
El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego remitió a la Legislatura provincial su análisis de la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2025, con una extensa serie de observaciones, salvedades y recomendaciones sobre el manejo presupuestario, financiero y patrimonial del Estado.
La Resolución Plenaria 89/2026 no aprueba ni rechaza las cuentas públicas —esa decisión corresponde al Poder Legislativo—, pero pone sobre la mesa los resultados de las auditorías practicadas sobre la Administración Central, los organismos descentralizados, los sistemas de seguridad social, las empresas estatales y los fideicomisos provinciales.
Entre las principales conclusiones aparece un déficit financiero de $108.160 millones para el conjunto del Sector Público Provincial no financiero. Al descontar las contribuciones y erogaciones figurativas entre organismos, el rojo trepa a $111.001 millones.
El esquema económico también arrojó un "desahorro" de $69.667 millones, producto de que los gastos corrientes superaron a los recursos corrientes del ejercicio.
En el caso puntual del Poder Ejecutivo, los recursos devengados durante 2025 llegaron a $1.290.628 millones, mientras que los gastos devengados escalaron a $1.417.209 millones. La diferencia: $126.580 millones en rojo. El organismo de control también marcó que quedaron gastos devengados sin pagar por $184.601 millones constituyéndose en deuda flotante del ejercicio.
Los ingresos efectivamente percibidos alcanzaron para cubrir los pagos realizados durante el año. Pero bajo el criterio contable del devengado —que registra los compromisos asumidos, se hayan pagado o no— el cuadro es otro: los gastos superaron ampliamente a los recursos generados.
Con respecto al stock de deuda pública pasó de $310.647 millones a fines de 2024 a $467.696 millones al cierre de 2025. Un salto nominal interanual del 51%. El informe atribuye buena parte del incremento de la deuda externa al salto del tipo de cambio utilizado para su valuación. En el caso de la deuda interna, en cambio, el aumento respondió a nuevos convenios de asistencia financiera y reconocimientos de deuda, entre ellos el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la Caja de Previsión Social provincial. Las Letras de Tesorería y otras obligaciones también treparon: 35% interanual, de $198.149 millones a $267.032 millones.
Gastos de funcionamiento respecto a ingresos corrientes
La Constitución fueguina establece que las partidas destinadas al funcionamiento de la Administración Pública —salarios y cargas sociales incluidos— no deberían superar el 50% de los ingresos ordinarios provinciales, una vez descontada la coparticipación municipal.
Según el cálculo del Tribunal, los gastos de funcionamiento llegaron a $1.134.031 millones y excedieron en 17,8 puntos porcentuales la pauta de racionalización fijada por la Constitución. El desvío, además, fue levemente mayor al del ejercicio anterior..
Dentro de la estructura de gastos del Ejecutivo, los mayores aumentos nominales se dieron en activos financieros (90%), servicios no personales (85%) y personal (69%). Puertas adentro de los servicios no personales, las partidas que más crecieron fueron servicios comerciales y financieros (313%), otros servicios (153%) y servicios técnicos y profesionales (136%).
Baja ejecución en construcciones
El análisis volvió a poner el foco sobre la baja ejecución presupuestaria en construcciones y obra pública. Durante 2025 se utilizó solo el 29,01% del crédito vigente para ese rubro.
Los mejores números fueron los del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), con 64,59% de ejecución, y el Fideicomiso de Responsabilidad Social Empresaria, con 62,25%. El grueso del gasto en construcciones se concentró en el Poder Ejecutivo, el IPVyH, la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (DPOSS), la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y los fideicomisos provinciales.
Auditoría en Terra Ignis S.A.
El Tribunal de Cuentas intentó acceder a información vinculada con la ejecución presupuestaria de Terra Ignis Energía S.A. La empresa estatal respondió los requerimientos, pero no acompañó la documentación respaldatoria solicitada y sostuvo que parte de la información tenía carácter confidencial.
Ante esa situación, el área legal del organismo de control concluyó —en un informe incorporado al expediente— que la confidencialidad no puede ser invocada frente al Tribunal de Cuentas. También señaló que una mesa de trabajo podría funcionar como una instancia complementaria de coordinación, pero no sustituir la obligación de remitir la documentación requerida.
El mismo informe consideró, a modo de hipótesis, que la conducta de la empresa —responder dentro de los plazos sin adjuntar los respaldos que afirmaba acompañar— podría evidenciar una estrategia de demora y condicionamiento del control. No obstante, aclaró que la valoración definitiva de esa conducta correspondía al Plenario de Miembros.
.Con ese antecedente, el Tribunal resolvió iniciar una auditoría interdisciplinaria sobre Terra Ignis Energía S.A. y notificar lo dispuesto a los directores y síndicos de la empresa, a quienes se convocó a prestar la máxima colaboración con el equipo de auditoría que se designe.
El Tribunal de Cuentas iniciará una auditoría interdisciplinaria en Terra Ignis S.A.
