El gremio portuario rechazó el planteo de la intervención sobre los recursos generados y denunció falta de diálogo, explicaciones y controles sobre fondos de la Dirección Provincial de Puertos.
La secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, seccional Tierra del Fuego, Daniela Almada, cuestionó el comunicado difundido por la intervención del puerto de Ushuaia, que destacó resultados económicos y nuevas inversiones durante su gestión. La dirigente gremial sostuvo en FM Ushuaia que el argumento utilizado para justificar la administración de los recursos generó malestar entre los trabajadores.
La noticia, dijo, cayó “como baldazo de agua fría, nosotros al día de la fecha tenemos el tiempo contado. Con ahorros que ha tenido el puerto, fondos que tenían otra finalidad, están llevando todo a salarios. Y como cuando no hay ingreso, tenemos el tiempo contado”, expresó Almada en diálogo con FM Ushuaia.
La representante sindical se refirió puntualmente al mensaje de la intervención que vinculó el superávit registrado desde enero con una mejora en la eficiencia operativa. “Que vengan e indiquen que es un ahorro el no pagarnos los salarios, sinceramente genera mucha bronca y mucha impotencia”, afirmó.
Almada señaló además que los trabajadores no fueron convocados por la intervención para discutir la situación del puerto. “La intervención de ANPyN no se ha comunicado con los trabajadores de manera directa, en este caso quedamos en el medio del fuego cruzado”, manifestó.
En ese sentido, explicó que el sector no cuestiona una reorganización administrativa si existiera un acuerdo formal entre las partes: “Supongamos que si el gobierno provincial se hubiera puesto de acuerdo con el nacional y llevado una meta de un plan de trabajo para lograr la eficiencia que ellos están haciendo referencia ahora, los trabajadores no hubiéramos tenido ningún tipo de inconveniente”, indicó.
Sin embargo, planteó diferencias respecto al manejo de los ingresos del puerto. “El inconveniente ahora es que si nuestros sueldos dependen básicamente de la operatividad y se quedan con la caja sin dar demasiadas explicaciones, muy tranquilos no nos vamos a quedar”, sostuvo.
La dirigente también cuestionó la falta de información sobre el destino de los fondos: “Básicamente están haciendo un desvío de fondos, porque no hay una explicación real de por qué cambiaron la cuenta o hacia qué cuenta va”, afirmó, y agregó que desconocen “cuáles son los mecanismos de control que tienen”.
Para Almada, la ausencia de información genera dudas sobre el uso de los recursos obtenidos por la actividad portuaria: “No tenemos constancia de cuánto han facturado, de en qué lo han gastado, si van a reinvertir el 100% dentro de lo que ellos justifican. No hay absolutamente ningún control sobre eso”, remarcó.
Frente a esta situación, confirmó que el sindicato avanzó por la vía judicial: “Actualmente estamos con medidas judiciales para ver de parar esta situación. Porque después de todo los intentos de diálogo no han tenido ningún tipo de fruto ni han sido totalmente herméticos al diálogo”, explicó.
Al referirse a las contrataciones impulsadas por la intervención, Almada afirmó que no hubo comunicación con la institución portuaria y cuestionó algunas decisiones. “Con las licitaciones que están llevando adelante básicamente están haciendo borrón y cuenta nueva”, sostuvo.
Uno de los puntos mencionados fue la compra de nuevo equipamiento de videovigilancia. “El puerto tiene cámaras. Lo que se hace referencia siempre es que es un requerimiento para que el puerto sea seguro internacionalmente y Prefectura ha dado la certificación días antes de esta intervención de que todo funcionaba correctamente”, señaló.
En esa línea, agregó que la ANPyN “va a volver a comprar cosas que ya existen. Todo esto siempre lleva al mismo lugar, cuando haya que dar explicaciones de en qué gastaron, y por qué compraron cámaras que ya teníamos”.
Finalmente, Daniela Almada cuestionó el alcance de las medidas adoptadas durante la intervención y las contrataciones realizadas: “Nos deja completamente absortos la situación, porque ya de por sí están excediendo el alcance que ellos tienen”, afirmó, y consideró que “la intervención básicamente tiene que suplir la responsabilidad o el cargo del presidente y se toman atribuciones mayores”.
