En medio de un fuerte enfrentamiento político con el Ejecutivo provincial, la Legislatura de Tierra del Fuego quedó sin margen para insistir con dos de las normas más sensibles aprobadas en las últimas semanas: la ley de goteo diario de fondos a municipios y la regulación de tarifas de luz, agua y gas. Ambas iniciativas habían sido vetadas por el gobernador Gustavo Melella y no alcanzaron el respaldo necesario para revertir esa decisión en la sesión que terminó en la madruga de ayer.
La disputa entre el Gobierno provincial y la Legislatura sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de tensión institucional, luego de que quedara confirmado que la mayoría legislativa no logró reunir los votos necesarios para insistir con dos proyectos considerados centrales dentro de la agenda parlamentaria: la denominada “ley de goteo” para municipios y la norma que prohibía cortes de servicios públicos durante el invierno y congelaba tarifas. Tal como informó este medio, el mismo bloque obtuvo la derogación de la convocatoria a la Reforma Constitucional (el Ejecutivo anticipó que judicializará la insistencia), como también la transferencia automática a la OSEF y la CPSTDF.
En primer término, la ley de goteo había sido aprobada durante la sesión del 30 de abril y establecía un sistema automático y diario de transferencia de fondos coparticipables hacia los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. La iniciativa buscaba limitar el margen de maniobra presupuestario en la administración de los recursos provinciales y garantizar el envío regular de fondos.
Sin embargo, el gobernador Gustavo Melella vetó totalmente la norma mediante el decreto 866/26, argumentando que el mecanismo implicaba una “inadmisible invasión” sobre facultades propias del Poder Ejecutivo y ponía en riesgo la administración financiera provincial. Desde el Ministerio de Economía sostuvieron además que el sistema era “inviable” desde el punto de vista operativo y económico.
A pesar del fuerte respaldo político que había tenido inicialmente el proyecto, la oposición no consiguió reunir los dos tercios requeridos por la Constitución Provincial para insistir con la sanción original tras el veto del Ejecutivo. Según el artículo 109 de la Carta Magna fueguina, se necesitan 10 votos afirmativos para revertir una decisión de este tipo, un número que el proyecto de goteo no alcanzaba.
Paralelamente, una situación similar se produjo con la ley que regulaba las tarifas y prohibía cortes de servicios esenciales durante el invierno. La iniciativa establecía la suspensión de cortes de energía eléctrica, agua potable y gas natural entre el 1° de junio y el 30 de septiembre para usuarios residenciales en mora. Además, retrotraía las tarifas a los valores vigentes al 1 de diciembre de 2025 y exigía mecanismos de control legislativo sobre futuros aumentos.
No obstante, el Ejecutivo provincial también avanzó con el veto total de esa norma mediante el decreto 881/26. Entre los fundamentos, el Gobierno argumentó que la medida comprometía la sustentabilidad económica del sistema energético, afectaba competencias exclusivas del Ejecutivo y podía derivar en un fuerte desfinanciamiento de los servicios públicos.
En ese contexto, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, defendió públicamente la decisión oficial y sostuvo que la Provincia no tenía capacidad financiera para congelar tarifas definidas en gran parte por Nación. Según explicó, una medida de ese tipo hubiera puesto en riesgo la continuidad de las prestaciones esenciales.
En definitiva, la imposibilidad de insistir con ambas leyes dejó expuesta la tensión legislativa con el ejecutivo, y la construcción de mayorías agravadas por asuntos en particular. Si bien la oposición logró avanzar inicialmente con proyectos de alto impacto político e institucional, finalmente no consiguió consolidar el número necesario para enfrentar la totalidad de los vetos del Ejecutivo, en un escenario marcado por la creciente tensión entre el Gobierno provincial, los municipios y distintos bloques parlamentarios.
