Para no afectar las cuentas públicas

Lapadula alertó que el esquema de goteo debe reformularse 

Abr 29, 2026 | Política

La propuesta se analiza en la Legislatura con la intervención del Ministerio de Economía, en medio de una merma de recursos. Para el legislador, la transferencia automática a municipios es posible, pero su diseño requiere ajustes para no comprometer el equilibrio fiscal.

La Legislatura provincial volverá a poner en agenda el tratamiento del proyecto de ley de goteo de fondos hacia los municipios en un escenario económico adverso y con la participación del Ministerio de Economía en comisión. 

El eje del debate pasa por el modo de implementación del mecanismo y sus efectos sobre las finanzas provinciales, en simultáneo con otros temas de peso como la eventual adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

En ese contexto, el legislador provincial Matías Lapadula sostuvo, en FM Ushuaia: “Hay que separar las cosas en lo que se refiere a coparticipación a los municipios. Es una cuestión que se puede hacer con la transferencia automática y diaria de lo que le corresponde a cada uno”, aunque advirtió que “en lo presupuestario no es la manera de arreglar ese asunto”, al marcar reparos sobre el alcance de la iniciativa.

El parlamentario insistió en la necesidad de sumar la perspectiva técnica del Ejecutivo en una discusión que impacta directamente en los recursos públicos. “Es importantísimo tener la palabra del Ministerio de Economía en un asunto tan relevante que afecta de manera inmediata los recursos de los municipios y también la manera en que estos recursos los transfiere la provincia”, afirmó.

En esa línea, describió un panorama condicionado por la caída de ingresos. “Estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista económico y financiero, con una caída importantísima de la coparticipación federal en términos reales y también de la recaudación propia”, señaló, y subrayó la necesidad de evitar efectos negativos sobre el funcionamiento estatal: “Tenemos que ser sumamente cuidadosos para que una ley no ponga en riesgo el normal funcionamiento del Estado”.

Lapadula expresó que existe predisposición política para avanzar, aunque sujeta a modificaciones en el proyecto. “Yo espero y quiero acompañar este proyecto, porque creo firmemente que hay que respetar las autonomías municipales y que los fondos se tienen que transferir como corresponde”, indicó, y agregó: “No puede ser que después de tantos años siempre haya una discusión respecto al envío o no de fondos que pertenecen a los municipios”.

En paralelo, el legislador manifestó una postura crítica respecto de la posible adhesión al RIGI, promovida por sectores opositores. “No estoy a favor de la adhesión al RIGI. Creo que hay problemas mucho más importantes”, afirmó, y vinculó la discusión con el contexto productivo: “Estamos en un país que está destruyendo su industria y venimos a acelerar una ley que en realidad promueve actividades extractivistas”.

Asimismo, cuestionó el alcance estructural del régimen y sus consecuencias a largo plazo. “Estamos hablando de una ley que va a estar vigente por 30 años, donde el Estado prácticamente no va a poder modificar nada en materia impositiva, laboral o ambiental. Esto merece una discusión mucho más profunda”, sostuvo.

En ese sentido, planteó una visión alternativa sobre el desarrollo provincial. “Tierra del Fuego necesita industrializar sus recursos, producir, desarrollar infraestructura. No es por el lado del extractivismo”, afirmó, y añadió: “El 97% de los proyectos del RIGI en el país tienen que ver con minería y energía. No es el camino que necesitamos”.

Por otra parte, el legislador hizo foco en la utilización de fondos disponibles. “Hay más de 200 millones de dólares en el FAMP que pertenecen a los fueguinos y están sin utilizar. Esos fondos se crearon para ampliar la matriz productiva y deberían destinarse a eso”, señaló.

Finalmente, Matías Lapadula se refirió a la situación del puerto y la intervención nacional, planteando la necesidad de una estrategia política complementaria a la judicial. “Se tiene que abrir una instancia de diálogo político con el gobierno nacional para recuperar el control del puerto”, indicó, y advirtió: “Si quienes hoy lo administran no están pagando servicios, es un despropósito y hay que intervenir inmediatamente”.

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