La Fiscalía avanza en múltiples investigaciones por amenazas anónimas en establecimientos educativos, en un contexto de creciente preocupación. Además, coordina acciones con otros organismos para prevenir y abordar estos episodios.
El fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Urquiza, confirmó que las denuncias recibidas activaron mecanismos judiciales concretos y advirtió sobre la gravedad de este tipo de conductas.
“Las denuncias dan lugar a la primera intervención de los fiscales que es el impulso de la acción penal, porque se estaría enfrente de la comisión de delitos”, explicó en FM Ushuaia, al tiempo que precisó que se trata de hechos en los que “no podemos identificar por lo menos de momento a quienes hayan sido los partícipes”.
En ese sentido, remarcó que todas las presentaciones, realizadas por autoridades educativas y otros actores, derivan en investigaciones formales. “Sin dar lugar a una investigación penal, en el caso de Ushuaia están a cargo de los jueces de instrucción, y en el caso de Río Grande han ingresado como boca de ingreso este tipo de denuncias”, detalló.
Urquiza subrayó que uno de los objetivos centrales es desalentar la percepción de que estas situaciones pueden ser tomadas a la ligera. “Queríamos expresar que si alguna persona entiende que esto se trataría de una suerte de broma, dejar claro que no lo es”, afirmó, y agregó que “da lugar a una investigación penal” con figuras que contemplan penas de prisión, como “las amenazas anónimas que establecen penas de 1 a 3 años” o la intimidación pública con sanciones de 2 a 6 años.
El funcionario insistió en la necesidad de prudencia mientras avanzan las causas. “No sabemos si hay participación de mayores o solo son menores, por eso hay que ser cauteloso y esperar resultados positivos de las investigaciones”, indicó.
En paralelo, informó que el Superior Tribunal impulsa un trabajo articulado con el Ministerio de Educación y otros actores: “Se encuentran abocados a coordinar un trabajo entre todos los actores (…) para buscar el mecanismo más idóneo a fin de acercarnos a los jóvenes”.
Consultado sobre responsabilidades, sostuvo que la problemática excede lo penal. “La comunidad educativa claramente tiene responsabilidades. No solamente puede estar atravesada esta conflictividad por el derecho penal, hay responsabilidad patrimonial, administrativa e institucional”, señaló.
Finalmente, Eduardo Urquiza reiteró el mensaje preventivo: “No es una broma, son delitos y son muy graves, y puede terminar mal para una persona joven”, y advirtió que, con las reformas en el régimen penal juvenil, “no es una broma, esto es algo muy serio y tenemos que hacernos cargo”.
