El abogado ushuaiense analizó el proyecto para derogar la ley de reforma y sostuvo que el proceso ya está en marcha, tiene respaldo judicial y responde a una lógica preconstituyente que no puede equipararse a una ley común
El debate sobre la posibilidad de revertir el proceso de reforma constitucional en marcha sumó una mirada técnica y jurídica con la opinión del abogado, docente y ex legislador Manuel Raimbault, quien planteó objeciones de fondo al proyecto que busca derogar la ley que habilitó ese camino.
“En estos temas hay una confusión en el sentido de lo que uno piensa respecto de la necesidad o conveniencia de un proceso de reforma constitucional, a las consecuencias de un proceso ya iniciado”, señaló en FM Ushuaia.
Tras aclarar su posición personal -“ no creo que haya sido conveniente un proceso de reforma constitucional”-, remarcó que, una vez activado el mecanismo institucional, deben respetarse sus reglas: “Si el poder constituido decidió una reforma constitucional, lo que te obliga justamente esa Constitución, que creo que es buena, es a cumplir con los procesos de reforma”.
En ese sentido, sostuvo que el intento de derogar la norma presenta dos objeciones. Por un lado, afirmó que “el proceso de reforma constitucional ya está disparado, ya está iniciado”, y detalló que incluso existe “una sentencia definitiva que ordena la reanudación” del proceso electoral. Bajo ese escenario, advirtió que avanzar con una derogación implicaría “tratar de sustraer la competencia de un proceso electoral en marcha”.
Por otro lado, introdujo una distinción central en su análisis: la naturaleza de la norma. “El hecho de que el Poder Legislativo haya sacado una ley, no significa que entonces pueda derogar un proceso de reforma, porque son competencias distintas”, explicó. Y precisó: “Esa ley de declaración de necesidad de reforma tiene naturaleza preconstituyente. Y no es la misma naturaleza que una ley”.
Raimbault profundizó que, cuando la Legislatura actúa en ese plano, “no ejerce actividad legislativa, ejerce actividad preconstituyente”, lo que implica que sus decisiones se insertan en un proceso más amplio que culmina con la intervención del pueblo. “No se podría decir que entonces, en ese caso, como es una ley, después la Legislatura la deroga. No, obviamente, porque no es naturaleza legislativa”, afirmó.
Finalmente, subrayó que, una vez iniciado el proceso, la instancia decisiva es la participación popular: “Lo que no se puede sustituir ahora es la voz del pueblo”. En esa línea, indicó que incluso los convencionales electos “pueden sentarse y rechazarla”, ya que “la Constitución provincial dice claramente que no están obligados a hacer la reforma”.
Para Manuel Raimbault, el escenario actual refleja un problema más amplio: “Lo que estamos viendo es el nivel de crisis institucional que estamos teniendo”, concluyó.






