La sesión del martes concluyó con el rechazo de los cuatro pedidos de enjuiciamiento a magistrados, aunque surgieron cuestionamientos por desprolijidades, omisiones y una redacción del acta que no refleja con precisión lo ocurrido ni el sentido de las votaciones.
La reunión del Consejo de la Magistratura de esta semana dejó como resultado formal el cierre de los cuatro pedidos de jury que estaban en trámite contra sendos magistrados, pero también abrió un fuerte debate sobre la transparencia institucional y la calidad de la información oficial difundida.
Así lo planteó en FM Ushuaia el consejero Alejandro Pagano Zavalía, quien describió el encuentro “una sesión compleja, por lo menos de las más complejas que me ha tocado a mí en la actividad de mi gestión”.
El representante del Colegio de Abogados de Ushuaia explicó que el desarrollo del encuentro estuvo atravesado por discusiones previas sobre cuestiones administrativas y de funcionamiento. En ese sentido, cuestionó la falta de circulación interna de, por ejemplo, una nota de la Asociación de Magistrados: “Nos tenemos que enterar por parte de Presidencia en la sesión, cuando eso se tendría que haber circularizado inmediatamente a todos los consejeros para que ya estemos al tanto”. Y remarcó: “A mí no me gusta caer crudo o verde a las sesiones… me gusta ir preparado y hablar de los temas con conocimiento de causa”.
El eje de la jornada, sin embargo, fue el tratamiento de los juries. Pagano Zavalía aclaró que no participó en las votaciones por su nuevo rol de fiscal acusador: “En el acta consta que yo no participo de esas votaciones, y ellos (sus pares) tomaron las decisiones que tenían que tomar”. No obstante, confirmó que se rechazaron todos los procesos contra cuatro jueces.
Según detalló, los pedidos de enjuiciamiento vinculados a los magistrados López Uribe, Montero y Barrionuevo fueron desestimados con amplio consenso. “Esos juries fueron desestimados por todos. El de Montero, por todos menos (Jorge) Canals, que se excusó”, precisó.
En cuanto a los fundamentos, explicó que “eran todas cuestiones judiciables que podían ser resueltas en el marco del proceso por las vías recursivas”, y añadió que, en algunos casos, “se dispuso librar oficios al Superior para que estudien la cuestión y en todo caso apliquen alguna medida disciplinaria”.
Sin embargo, el consejero reconoció las falencias del acta oficial, que expone con detalle únicamente el caso del juez Ernesto Löffler.
“No está reflejado”, admitió al referirse tanto al sentido de las votaciones como a los debates internos. Incluso, sobre la interpretación del documento, fue contundente: “Se infiere, se deduce, pero tenés que ser un arqueólogo para decodificar lo que intentaron decir o lo que intentaron no decir”.
La situación generó un efecto inmediato en la cobertura pública, ya que la mayoría de las interpretaciones se centraron en un solo expediente. Para Pagano Zavalía, esto responde a cómo fue elaborada la información oficial. Aunque intentó explicar que el caso Löffler “es más complejo por la diversidad de cuestiones”, también concedió que la crítica es válida sobre la falta de equilibrio en la redacción.
El encuentro también estuvo atravesado por discusiones técnicas sobre recusaciones y excusaciones, que evidenciaron vacíos normativos. “Quedó patente de que tanto la legislación… y el propio reglamento del Consejo, es absolutamente discrecional. Y es tan discrecional que no están previstas todas estas cuestiones”, afirmó, al tiempo que anticipó que trabaja en una propuesta de reforma.
En ese contexto, el consejero valoró la necesidad de mejorar los mecanismos institucionales y la comunicación pública. “Creo que por ahí las cosas están como están, porque la gente que está en los cargos precisamente o no da la cara o no explica”, sostuvo, y subrayó la importancia de brindar claridad: “Para mí es muy importante poder dar a conocer estas cuestiones, sobre todo poder explicar”.
De este modo, más allá del cierre de los juries, la sesión dejó planteada una discusión de fondo sobre la transparencia, la calidad de las actas y la necesidad de evitar interpretaciones ambiguas en decisiones de tan alta relevancia institucional.
