PUERTO DE USHUAIA

Intervención Federal: Villegas reclamó una defensa coordinada y advirtió por debilidades en la gestión

Abr 14, 2026 | Política

El legislador cuestionó la intervención nacional sobre el puerto de Ushuaia y señaló que la desarticulación entre instituciones restó fortaleza a la provincia. Propuso una estrategia común, sin omitir críticas a decisiones previas y falencias estructurales.

La situación del puerto de Ushuaia, atravesada por la intervención nacional, decisiones cuestionadas y la ausencia de una estrategia común, refleja un cuadro de fragilidad institucional que limita la capacidad provincial para resguardar uno de sus recursos clave.

El legislador provincial del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, analizó en FM Ushuaia el escenario y remarcó que, aunque hubo avances en el plano legislativo, el contexto sigue siendo delicado y exige articulación entre los distintos niveles del Estado. 

“Esta arbitraria, inconstitucional e ilegal intervención que estamos sufriendo y nos exige que los distintos poderes del Estado actuemos de la manera más coordinada posible”, afirmó, y sostuvo la necesidad de reforzar la postura provincial en todos los ámbitos. “A fin de robustecer las acciones que podamos desplegar ante la Corte Suprema y ante las máximas autoridades políticas de la Nación, en defensa del patrimonio de Tierra del Fuego”, agregó.

En ese sentido, destacó los encuentros realizados en la Legislatura con representantes del sector portuario, trabajadores y la Fiscalía de Estado, aunque señaló que también dejaron en evidencia problemas estructurales. “El saldo es positivo desde esa mirada”, indicó, pero advirtió: “Ha quedado de relieve groseros errores, ya sea en forma previa o a posteriori de la intervención”.

Villegas cuestionó especialmente el accionar de la Dirección Provincial de Puertos y ciertas decisiones políticas que, según planteó, debilitaron la posición provincial. “Se han tomado premisas que no hicieron más que alimentar la posición de quienes nos terminaron interviniendo”, expresó, y ejemplificó con pronunciamientos oficiales sobre normativa vigente. “Sostener que el artículo 12 de la ley 1596 era ilegal no hizo más que alimentar la posición de la autoridad nacional”, explicó.

Aun con esas críticas, fue categórico al rechazar la intervención. “Nada de los errores de gestión habilita o legitima esta intervención”, afirmó, y profundizó: “Es arbitraria, irrazonable, desproporcionada, inconstitucional y violatoria del sistema federal de gobierno”.

El legislador también vinculó el conflicto con intereses económicos en torno al puerto. “Hay un aprovechamiento con un fuerte contenido de interés económico por parte de las autoridades nacionales”, señaló, y advirtió sobre la presencia de actores locales con expectativas sobre su administración. “Hay factores de poder con un fuerte interés en participar en la gestión del puerto de Ushuaia, que genera recursos millonarios”, afirmó.

En paralelo, insistió en la necesidad de una estrategia más sólida. “Tenemos que ser serios, meticulosos y estratégicos en las decisiones que vamos a adoptar”, indicó, y aclaró: “Ser el mejor aliado en la defensa del puerto no significa decir lo que algunos quieren escuchar”.

El análisis incluyó también un repaso crítico del funcionamiento interno del sistema portuario. “Hay que preguntarse si la cantidad de trabajadores incorporados fue de la mejor manera”, planteó, y añadió que “más del 55% del presupuesto del puerto estaría afectado al pago de salarios”.

Asimismo, cuestionó la falta de inversión en infraestructura. “Recursos del puerto no han sido utilizados en tiempo y forma para mejorar la infraestructura”, sostuvo, al marcar deficiencias administrativas que, a su entender, deben corregirse más allá del conflicto actual.

Sobre el impacto económico de la intervención, mencionó una intimación reciente. “Nos enteramos de una intimación por más de 200 millones más intereses, vinculada a un préstamo del año 2021”, explicó, lo que suma complejidad al escenario.

Villegas también consideró la posibilidad de acciones judiciales. “Habría mérito o sospecha de la posibilidad de la comisión de un hecho delictivo”, sostuvo, y añadió: “Me gustaría que el Poder Judicial provincial pueda intervenir e investigar si las actuales autoridades están actuando dentro del marco legal”.

En esa línea, no descartó denuncias penales. “Si hay que denunciar penalmente a algún funcionario, estoy dispuesto”, afirmó, aunque subrayó la necesidad de prudencia. “Tenemos que tener mucha mesura y actuar de manera coordinada”, insistió.

Finalmente, señaló que la resolución no puede limitarse al plano judicial. “Tiene que haber un diálogo institucional en la más alta esfera entre el gobernador y el presidente”, planteó. “Una cosa no descarta la otra: hay que actuar en ambas direcciones”, agregó.

Más allá del conflicto puntual, vinculó la situación con desafíos estructurales en la gestión pública y el manejo de recursos estratégicos. En ese marco, insistió en que la provincia debe recuperar capacidad de conducción interna para enfrentar disputas externas. “Tenemos que trabajar de manera coordinada para recuperar la gestión que fue arrebatada de manera ilegal”, concluyó.

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