El Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley para crear la Sociedad de Inversión, Desarrollo y Gestión Portuaria S.A., una nueva estructura que tendría a su cargo la explotación y administración del sistema portuario. La iniciativa habilita participación privada, reserva al Estado funciones regulatorias y abre un nuevo debate sobre el modelo de gestión de una actividad estratégica para Tierra del Fuego.
El Poder Ejecutivo provincial remitió a la Legislatura un proyecto de ley para crear la Sociedad de Inversión, Desarrollo y Gestión Portuaria S.A., una figura que, de aprobarse, pasará a tener a su cargo la explotación y gestión de la actividad portuaria en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La propuesta ingresó bajo el mensaje N° 12/26 y plantea una reorganización institucional de un área clave para la logística, el comercio, el transporte y el desarrollo económico de la provincia.
Según el texto enviado por el gobernador Gustavo Melella, la nueva sociedad abarcaría los espacios acuáticos y las instalaciones portuarias y extraportuarias existentes o a crearse en el ámbito definido por la iniciativa. El proyecto establece que la firma se conformará bajo el régimen de sociedades anónimas previsto por la Ley Nacional 19.550, mientras que la Dirección Provincial de Puertos actuará como accionista e integrará el directorio.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que delega en el Poder Ejecutivo la elaboración del estatuto, la composición accionaria y la conformación del directorio. También prevé que la nueva sociedad no quede alcanzada por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos ni por las normas provinciales del régimen de contrataciones de la administración pública, bajo el argumento de dotarla de una gestión “empresarial, ágil y eficiente”, aunque el propio articulado señala que deberá garantizar transparencia, competencia y publicidad de sus negocios.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que el esquema apunta a adecuar la operatoria portuaria a una dinámica internacional en la que se combinan actores públicos y privados. Para justificar el modelo, menciona antecedentes de puertos europeos como Rotterdam y Amberes, y plantea que el sistema requiere nuevas inversiones, modernización en gestión, mejoras ambientales y una visión integrada del puerto como parte de una cadena de transporte y comercio.
El proyecto faculta además a la futura sociedad a ejecutar actividades portuarias y extraportuarias, administrar servicios a buques y cargas, planificar dragado y balizamiento, coordinar servicios portuarios, celebrar convenios con entes públicos y privados, promover inversiones y suscribir contratos con operadores nacionales e internacionales. En ese marco, también se contempla la posibilidad de articular fideicomisos, convenios de capitalización y otros instrumentos de financiamiento para sostener la actividad.
Otro aspecto político e institucional relevante es que el Ejecutivo se reservará la denominada “acción de oro”, una herramienta que le permitiría conservar poder de decisión sobre cuestiones estratégicas de política pública aun dentro de un esquema societario con eventual participación privada. A eso se suma que, según el artículo 9, la Provincia mantendrá en la Dirección Provincial de Puertos las competencias políticas y regulatorias, mientras que la nueva sociedad operaría como gestora del sistema portuario.
En términos económicos, la iniciativa prevé que el patrimonio de la sociedad se integre con bienes transferidos por el Estado, cánones, tarifas, tasas por servicios, multas, subsidios, donaciones y también aportes de privados con representación en el directorio o de accionistas que deban afrontar déficits u obligaciones que excedan la capacidad financiera del ente. Ese diseño confirma que la propuesta no sólo redefine la administración portuaria, sino que además abre la puerta a una estructura mixta con fuerte peso del financiamiento y la inversión privada.
Entre los fundamentos oficiales también aparece el argumento ambiental y de control estatal. El mensaje remarca que la actividad portuaria involucra intereses colectivos que exceden la mera explotación comercial, como la prevención de la contaminación, la gestión de residuos, la protección ambiental y la seguridad de la navegación. En esa línea, el Gobierno sostiene que la participación estatal seguirá siendo indispensable para resguardar esas competencias y coordinar con autoridades federales.
La propuesta deberá ahora ser tratada por la Legislatura, donde probablemente se abra una discusión de fondo sobre el equilibrio entre control público, eficiencia operativa y apertura al capital privado en una infraestructura estratégica para la provincia. El debate no será menor: lo que está en juego no es sólo el formato jurídico de la gestión portuaria, sino el modelo de desarrollo que Tierra del Fuego busca consolidar en uno de sus sectores más sensibles para la economía y la proyección geopolítica del sur argentino.
