El proyecto impulsado por el Superior Tribunal propone que, en los juicios sin monto económico determinado, la tasa de justicia pase a equivaler a 1 IUS. Esa unidad está atada al salario bruto de los jueces de primera instancia y, a marzo de 2026, tenía un valor oficial de $82.122. La discusión se da en medio de la crisis económica y luego de que la Provincia iniciara 2026 con presupuesto reconducido, porque la Legislatura no aprobó la ley de presupuesto.
La discusión por las tasas de justicia en Tierra del Fuego ya no gira sólo alrededor de una actualización de valores.
Lo que está en juego es algo más profundo: que una parte del costo de acceso a la Justicia quede atada a la evolución de los salarios judiciales.
El proyecto ingresó a la Legislatura como Asunto 163/2025 y propone modificar el artículo 6 de la Ley 162 y establecer que, en los juicios cuyo objeto litigioso no tenga valor pecuniario y no estén alcanzados por exenciones, se deba pagar una tasa fija de un IUS, en su totalidad al inicio de las actuaciones.
Ese detalle cambia por completo la lógica del sistema. El IUS es una unidad de referencia equivalente al 1% del salario bruto de los jueces y juezas de primera instancia de la provincia. Según la publicación oficial del Poder Judicial, en marzo de 2026 su valor era de $82.122.
Dicho de otro modo: si la reforma avanza, el costo para iniciar este tipo de causas no quedará fijado por una suma estable y pasará a moverse con la evolución de los salarios judiciales. Eso significa que cada suba del IUS impactará también sobre la tasa. Y, por lo tanto, sobre el costo de entrada a determinados expedientes.
La iniciativa se debate, además, en un momento especialmente delicado. Tierra del Fuego comenzó 2026 con presupuesto reconducido, después de que la Legislatura no aprobara la ley de presupuesto general.
En una década la participación del presupuesto del Poder Judicial respecto al total de recursos corrientes de la administración central se incrementó en un 57%
En ese marco, también cobra relevancia la propia estructura presupuestaria del Poder Judicial.
Analizando la evolución de vacantes y recursos asignados al Poder Judicial en el periodo 2015 al 2025, las vacantes pasaron de 590 a 969, mientras que el presupuesto del sector subió de $557,9 millones a $99.568 millones.
En el mismo período, su participación sobre los Recursos Corrientes totales de la administración central trepó de 5,71% a 8,99%. Es decir que por cada 100 pesos que recibe el tesoro provincial casi 9 se destinan a financiar el servicio de justicia por lo que la Justicia fueguina no llega a esta discusión sobre el aumento de tasas después de haber perdido peso dentro del Estado.
Llega, por el contrario, tras una década de expansión en cargos, presupuesto y participación relativa sobre los recursos provinciales.
La Comisión de Justicia y Seguridad que preside la legisladora Natalia Gracianía (LLA), recibió a integrantes del Superior Tribunal de Justicia para analizar el proyecto de aumento de tasas judiciales.
A eso se agrega otro dato de fuerte impacto político.Aunque el proyecto de presupuesto 2026 del Poder Judicial no entró en vigencia por la falta de aprobación legislativa, la pauta elaborada por el propio organismo mostró cuál era el nivel de gasto que pretendía sostener.
Para 2026, el Poder Judicial había solicitado $122.689 millones, de los cuales $103.689 millones estaban destinados a gastos en personal, con una planta proyectada de 969 agentes, la misma que en 2025.
La cuenta es elocuente.
Ese volumen de gasto salarial equivale a más de $107 millones anuales por agente.
Ese dato no prueba por sí mismo ninguna irregularidad. Pero sí vuelve más sensible la discusión sobre las tasas.
Porque mientras el Poder Judicial muestra una estructura cada vez más costosa y fuertemente concentrada en personal, al mismo tiempo impulsa que parte del acceso a la Justicia quede atado a una variable propia de ese mismo esquema salarial.
