El organismo de conrol sostuvo que recursos con afectación específica habrían sido trasladados a una cuenta general de pagos, en presunta contradicción con la Ley 1596, lo que constituiría una posible malversación, fallas de gestión y una priorización de “urgencia administrativa” sobre la “urgencia vital”.
La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego presentó una denuncia penal a partir de un dictamen en el que sostiene que autoridades de la OSEF habrían desviado casi $937,1 millones del fondo específico creado por ley para financiar medicamentos, insumos y tratamientos de alto requerimiento, hacia una cuenta general de recaudación y pagos del organismo. Según el expediente, la transferencia cuestionada fue realizada mediante las resoluciones 170 y 171 de la Presidencia de la obra social.
En el dictamen 05/2026 el Fiscal de Estado, Dr. Virgilio Martínez de Sucre, señala que la maniobra consistió en mover $937.119.449,74 desde la cuenta del “Fondo Específico para Enfermedades de Alto Requerimiento” a otra cuenta denominada “Recaudadora y Pagadora”, pese a que ese fondo había sido creado con un destino legal estricto. La propia Fiscalía remarca que ese tipo de recursos “solo pueden ser modificados o extinguidos a través de una ley formal”, porque responden a una finalidad pública específica fijada por la Legislatura.
En uno de los párrafos más duros, el organismo sostiene que las resoluciones “desvinculan dichos recursos del objetivo previamente determinado en la ley” y, por lo tanto, “desfinancian el objetivo de interés público previsto por el Legislador”. También cuestiona que, al mismo tiempo, la resolución haya afirmado que la medida “no altera el destino legal de los fondos”, una conclusión que la Fiscalía rechaza de manera expresa.
El dictamen además pone en duda el argumento oficial de que el dinero sería repuesto con ingresos corrientes del mes siguiente. Para la Fiscalía, esa eventual compensación no elimina la irregularidad, porque “no borra la antijuridicidad de la conducta ya perfeccionada”, y en todo caso podría funcionar apenas como una reparación posterior del perjuicio.
Otro punto sensible del documento es que la Contaduría General de la OSEF dejó asentado que “no tuvo participación ni intervención previa” en la elaboración del proyecto de la Resolución 170/2026. A eso se suman observaciones sobre problemas estructurales en la gestión del área de Farmacia, falta de planificación de stock, compras de urgencia más costosas, derivación recurrente hacia terceros y ausencia de criterios claros para priorizar adquisiciones.
Para el Fiscal de Estado las autoridades del organismo presidido por Mariana Hruby habrían incurrido en el delito de malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público y coacción agravada.
La Fiscalía también subraya que, al momento del informe contable, no existía un padrón de afiliados que permitiera planificar la compra de medicamentos de alto requerimiento, una herramienta prevista por la propia Ley 1596. En ese contexto, advierte que la crisis invocada por las autoridades de la obra social no respondería solamente a una contingencia financiera, sino también a “deficiencias estructurales de gestión y planificación” que habrían agravado el cuadro operativo.
En el plano penal, el dictamen afirma que la conducta atribuida a las autoridades de la OSEF encuadra, “en una primera aproximación”, en el delito de malversación de caudales públicos. Pero además agrega que los hechos también podrían configurar abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacción agravada (art. 149 ter), al considerar que se habría intentado forzar al personal de Tesorería y Contaduría a ejecutar la orden mediante intimidación, amenazas de sanciones y la advertencia de eventuales acciones penales.
Hacia el final, el texto formula una definición política e institucional de alto impacto: sostiene que lo ocurrido implicó priorizar una supuesta “urgencia administrativa” por sobre una “urgencia vital”, alterando el orden de prioridades que el Legislador había establecido para proteger a los afiliados más vulnerables del sistema. Sobre esa base, la Resolución 16/26 dispuso formalmente denunciar los hechos ante el Ministerio Público Fiscal, además de notificar al gobernador, a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas.
