Noticia de Tapa

03/10/2026

VIGILANCIA EN ALTA MAR

Argentina intensifica la lucha contra la pesca ilegal en el Atlántico Sur

Mar 19, 2026 | General

La milla 201 se convirtió en el epicentro de la disputa por los recursos del Atlántico Sur, donde Argentina despliega un sistema de control integrado por satélites, patrullajes y pruebas digitales para combatir la pesca clandestina.

Sobre la plataforma marítima argentina, la explotación descontrolada de especies de alto valor comercial encendió las alarmas oficiales. La respuesta estatal combina ahora tecnología de punta con presencia naval para contener a las flotas extranjeras que operan en el límite de las aguas jurisdiccionales, en una pulseada que involucra recursos millonarios y la sustentabilidad del ecosistema oceánico.

La zona conocida como Milla 201 está ubicada a menos de 400 kilómetros de la costa patagónica, concentra una de las mayores flotas pesqueras del mundo, integrada principalmente por buques de China, Corea del Sur, Taiwán y España, atraídos por especies de alto valor comercial como el calamar. Esa proximidad geográfica genera un escenario de tensión continua, donde el límite entre la navegación internacional y la incursión ilegal se desdibuja con frecuencia, exigiendo una vigilancia permanente y cada vez más sofisticada.

Según estimaciones del sector, la pesca ilegal y no regulada en esa zona representa pérdidas de entre 600 y 1.000 millones de dólares anuales, lo que equivale a una porción significativa de las exportaciones pesqueras del país. A esto se suma el efecto sobre los recursos marinos, especialmente especies migratorias que se desplazan entre aguas nacionales e internacionales, lo que agrava el impacto sobre poblaciones que sostienen la actividad industrial argentina.

Frente a este escenario, el Estado reforzó su estrategia de vigilancia. La Prefectura Naval presentó recientemente un esquema de control basado en monitoreo satelital y seguimiento en tiempo real de las embarcaciones, con el objetivo de detectar movimientos sospechosos y evitar incursiones ilegales. Los centros de monitoreo procesan datos de navegación y patrones de comportamiento para anticipar maniobras evasivas y coordinar respuestas inmediatas.

El modelo no se limita a la presencia física en el mar. La estrategia combina patrullaje, inteligencia y herramientas digitales que permiten verificar y sancionar irregularidades incluso sin interceptar directamente a los buques. Las imágenes satelitales y los registros de posición se han convertido en evidencia clave para iniciar procesos administrativos y judiciales, acortando los tiempos de sanción y aumentando la capacidad de disuasión.

Pese a los avances operativos, la raíz del conflicto persiste. La milla 201 es un área sin regulación internacional efectiva, lo que convierte a la zona en un espacio de alta disputa donde la explotación intensiva de recursos convive con vacíos legales. Por eso, distintos sectores advierten sobre la necesidad de avanzar en acuerdos y regulaciones que permitan ordenar la actividad más allá de las aguas jurisdiccionales, promoviendo compromisos multilaterales que pongan límites a la explotación indiscriminada.

En esa dirección, la investigación científica ganó protagonismo. El INIDEP impulsa campañas en la zona para relevar especies transzonales -aquellas que se desplazan entre la ZEE y aguas internacionales- con el objetivo de generar información clave para la toma de decisiones y la conservación de los recursos. Los estudios permiten dimensionar el stock disponible y medir el impacto real de la presión pesquera sobre especies migratorias.

La combinación de rentabilidad extraordinaria, flotas altamente tecnificadas y fragilidad normativa convierte a la milla 201 en un punto caliente del Atlántico Sur. Allí, la diferencia entre la actividad permitida y la infracción se mide en pocas millas náuticas, pero sus consecuencias se proyectan sobre la economía, la soberanía y el equilibrio ambiental del país.

El desafío no es solo controlar, sino sostener presencia, generar información y avanzar en mecanismos de cooperación internacional que permitan enfrentar una problemática que crece año a año y que ya se consolidó como uno de los principales conflictos en torno a los recursos marítimos argentinos.

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