La administración provincial salió al cruce con una serie de presentaciones formales reclamando la restitución de los fondos recaudados y exigiendo precisiones sobre el plan de gestión implementado, al tiempo que ratificó que impulsará todas las instancias judiciales correspondientes.
El titular de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, encabezó las gestiones administrativas para requerir información detallada sobre el personal designado, los movimientos financieros y el destino de los recursos que hasta antes de la medida ingresaban a las arcas provinciales. Según explicó en FM Ushuaia, la intervención se ejecutó cuando aún se encontraban vigentes los plazos para responder un último requerimiento formulado en diciembre.
“Nosotros cumplimos escrupulosamente cada uno de los plazos legales. No hemos dejado vencer ninguna instancia ni hemos omitido respuesta a los planteos que nos hicieron”, sostuvo Murcia, quien remarcó que la notificación formal del decreto de intervención llegó cuando la medida ya estaba en marcha.
El funcionario señaló que todas las explicaciones vinculadas a los fondos de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) fueron presentadas en tiempo y forma, desmintiendo cualquier tipo de demora administrativa.
Uno de los puntos centrales del reclamo provincial es el desvío de las recaudaciones portuarias hacia cuentas del Banco Nación a nombre de la extinta Administración General de Puertos. “Son fondos públicos de la provincia de Tierra del Fuego. La titularidad del dominio portuario es provincial y así debe quedar claro”, enfatizó Murcia, quien además reclamó conocer el listado de personas que actualmente se desempeñan en el área logística.
El funcionario también rechazó las versiones oficiales que justificaron la intervención en un supuesto mal funcionamiento operativo. “Es un relato que no se ajusta a la realidad. El puerto sigue operando con normalidad, los buques continúan con sus actividades habituales”, afirmó. La única diferencia sustancial, apuntó, es que la administración ya no está en manos provinciales y que unos 90 trabajadores permanecen impedidos de ingresar a sus puestos laborales.
En cuanto al cronograma de actividades portuarias, Murcia aclaró que la temporada actual responde a una planificación previa desarrollada en conjunto con los sectores público y privado. “Esto viene de mucho antes, no es algo que haya organizado la intervención a partir del 21 de enero”, precisó.
Sobre la acusación de presuntas irregularidades en transferencias, el presidente del organismo provincial insistió en que todas las operaciones financieras fueron realizadas dentro del marco normativo. Mencionó especialmente dos préstamos reintegrables con intereses destinados a los hospitales de Río Grande y al Centro de Rehabilitación, los cuales contaron con supervisión del Tribunal de Cuentas. “Respondimos cada nota aclarando que no hubo desvíos”, aseguró.
Finalmente, Murcia confirmó que continuarán las presentaciones en sede administrativa y judicial. “No vamos a claudicar en el reclamo. Seguiremos este camino hasta las últimas consecuencias”, concluyó.






