El oficialismo fueguino se prepara para un año legislativo intenso, marcado por merma de fondos nacionales, crisis económica y vínculo tenso con la Casa Rosada. El Ejecutivo ya anunció más de veinte iniciativas, mientras se suman la posible incorporación al RIGI y la reforma de la Carta Magna provincial.
El mensaje de apertura del gobernador Gustavo Melella encendió la señal de largada para un período legislativo complejo en Tierra del Fuego. En un escenario de recursos nacionales restringidos, programas suspendidos y creciente presión fiscal sobre la provincia, el oficialismo proyecta un año de debates intensos. La agenda incluye tanto respuestas a la urgencia cotidiana como discusiones de fondo sobre el modelo institucional y productivo, en medio de una creciente fricción con el gobierno nacional.
Federico Greve, legislador provincial y miembro de la conducción de la Cámara, analizó en FM Ushuaia el discurso del mandatario y destacó un cambio de tono respecto de temporadas anteriores. "El discurso del 1° de marzo suele ser un balance de gestión", recordó, pero en esta ocasión "ameritaba un enfoque pragmático para dimensionar la gravedad de la situación que enfrentan Tierra del Fuego y la Argentina".
El parlamentario subrayó que la exposición oficial reflejó con crudeza la disminución de ingresos y las consecuencias de decisiones nacionales en áreas sensibles. "Me pareció muy correcto poder contar con claridad la retracción de recursos que sufre la provincia, los problemas que tenemos en salud y con los programas nacionales que se retiraron y que ahora la provincia debe sostener", indicó. Remarcó que el contexto económico nacional adverso "repercute directamente acá", forzando a repensar las prioridades en todos los estamentos del Estado.
En esa sintonía, Greve interpretó el mensaje como un exhorto a la eficiencia y la austeridad. "Fue dejar en claro que la situación es compleja para todos", afirmó, y añadió: "No escapa ni a un municipio, ni al gobierno, ni a la Legislatura ni al Poder Judicial". Ante la escasez, dijo, el camino es "ser más ingeniosos que nunca" para garantizar las políticas públicas.
Sobre el clima político, observó que el debate transcurre en una sociedad transformada. Mencionó que la "gente quiere otra cosa" y que la dirigencia debe adecuarse a esa demanda sin sacrificar convicciones. Habló de un desencanto social y un estilo de discusión más directo, aunque sin compartir ciertas formas.
En cuanto al trabajo legislativo, confirmó que el Ejecutivo remitirá una veintena de proyectos. "El gobernador nos contó que tiene alrededor de más de 20 leyes para presentar", precisó. El reto, explicó, será definir urgencias y forjar consensos en un cuerpo fragmentado.
Greve recordó que la Legislatura cuenta con quince miembros distribuidos en ocho bloques. "Cualquier posibilidad de avanzar en una ley es parte de poder charlar con cada uno de los bloques y buscar las voluntades", argumentó. Adelantó que algunas iniciativas serán de trámite sencillo y otras requerirán debates más ásperos, como las relativas a la OSEF o al canon por uso de infraestructura hidrocarburífera. "Hay cosas urgentes", dijo, pero alertó que "lo urgente no deja tiempo a lo importante".
Entre los puntos calientes del temario, mencionó la posible adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Consideró que no se debe desestimar como instrumento si genera empleo y respeta los marcos regulatorios. "No veo un problema en crear una herramienta que se va a tornar operativa cuando existe una inversión", manifestó. Destacó que la Provincia posee "una constitución que protege bastante bien al medio ambiente" y un Poder Legislativo capaz de fiscalizar. "Si es una herramienta más para que exista una inversión… nosotros vamos a primar el trabajo fueguino", aseguró.
Vinculó esta discusión con la coyuntura productiva, en especial en la zona norte. "En Tierra del Fuego están cerrando fábricas, están desvinculando compañeros", alertó. Insistió en que deben impulsarse "todas las herramientas que son necesarias" si estas logran "traer trabajo fueguino genuino".
En el frente institucional, volvió a cuestionar la medida del gobierno nacional sobre el puerto de Ushuaia. "Entendemos que esta resolución es totalmente ilegal… y es una intervención encubierta", denunció, y anticipó que la disputa judicial continuará. Confían en que el conflicto llegue a la Corte Suprema, instancia que definió como "la última ratio ante estos conflictos entre provincias y nación".
También criticó que el juzgado federal se haya declarado incompetente y elevado el expediente a la Corte en un contexto de dilaciones. Advirtió que una medida cautelar podría tardar años y sentar un precedente peligroso. "Esto puede llegar a ser un método para intervenir más de una institución de las provincias argentinas", sostuvo.
Greve ratificó su respaldo a la reforma constitucional y aclaró que no se trata de una reescritura total. "Voté la ley de la reforma", señaló, y especificó: "Se reforman 60 artículos de 205, no se reforma toda la Constitución". También buscó despejar un debate instalado: "No hay ningún artículo que hable de la reelección del gobernador", afirmó.
El legislador enumeró los aspectos que, a su juicio, merecen una revisión. "El instituto del Consejo de la Magistratura, del fiscal de Estado, los cargos vitalicios, la reelección indefinida de los legisladores, el gasto público… todo eso hay que revisarlo", sostuvo. En ese marco, justificó la necesidad de actualización por el nuevo escenario social: "Me parece que es el momento porque hay un cambio de era".
Basado en su paso por el Consejo de la Magistratura, Greve reconoció avances en la composición reciente, pero insistió en que hacen falta reformas de mayor calado. "Hay un montón de cosas que se pueden mejorar", dijo, y agregó que se requieren "otras vueltas de rosca a nivel institución". En particular, planteó ampliar la participación: "Me parece que es importante que haya mayor participación, que sean más los actores que intervengan en la selección y remoción de jueces".
Para Greve, este debate está ligado a la confianza pública en el sistema judicial; afirmó que allí deben estar los mejores profesionales. Previno contra el riesgo de designaciones sin criterios sólidos. Señaló que existe una exigencia social de cambios que también alcanza a la justicia. "Hay un descreimiento también hoy con la justicia", manifestó, y propuso revisar plazos y procesos: "Hay ciertas cosas de la justicia que podrían hacerse más rápido, que podría haber otra selección de jueces", además de debatir un "Instituto Fiscal mucho más fuerte independiente del Poder Judicial".
Con este panorama, el oficialismo anticipa un año de debates en paralelo: la gestión de la emergencia, la creación de herramientas para atraer inversiones y la reforma institucional de fondo. Greve concluyó que el gran desafío será impedir que la urgencia opaque los temas estratégicos y lograr acuerdos en una Legislatura plural, con proyectos que, según adelantó, demandarán diálogo político y una vigilancia institucional constante.






