Murcia confirmó la presentación de un recurso de amparo para dejar sin efecto la decisión del Ejecutivo nacional. Alertó sobre el uso de contratistas privados para tareas que realizaba personal de la provincia, mientras los empleados están vedados de ingresar a las instalaciones.
El titular de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, informó que su área promovió una acción judicial ante el fuero federal para solicitar la anulación de la intervención dispuesta por el gobierno central el 20 de noviembre.
En este contexto, denunció que la operatoria en el puerto no se detuvo, sino que es llevada adelante por personal ajeno a la estructura provincial, en tanto que los trabajadores de la DPP tienen restringido el paso a sus oficinas y lugares de trabajo habituales.
"Hemos presentado una medida cautelar autónoma ante la justicia federal donde estamos pidiendo la suspensión inmediata del acto que ordena la intervención y volver a recuperar el dominio y el trabajo de todos los fueguinos a los que nos corresponde. Hoy estamos impedidos de ingresar a nuestra casa", expresó Murcia en diálogo con FM Ushuaia.
El funcionario aclaró que esta iniciativa legal fue impulsada directamente por la DPP en su carácter de ente autárquico, distinguiéndose así de la presentación que ya había realizado el gobierno provincial en el mismo sentido.
En su relato de los hechos, Murcia precisó que el impedimento de ingreso comenzó en la misma noche en que se oficializó la medida. "Yo me encontraba con el vicepresidente, le dijimos ‘ingresemos a dialogar’ y ahí nomás nos dijeron que no, que no podíamos entrar más, que estaba intervenido, que nosotros teníamos negado el acceso", rememoró. Según explicó, solo un grupo de 20 personas fue habilitado para permanecer, aunque señaló que cuatro de ellas manifestaron no haber autorizado su inclusión en ese registro.
El presidente de la DPP también puso en tela de juicio los fundamentos esgrimidos por la administración nacional para justificar la intervención, que aludían a cuestiones operativas y de seguridad. "¿Qué tiene que ver la plazoleta fiscal con el problema que ellos aducen que tiene el muelle?, ¿qué tienen que ver todos los espacios, los espejos de agua? Indiscutiblemente ellos vinieron para lo que hicieron el primer día, notificar a todos los operadores que debían depositar el dinero en cuentas del Gobierno Nacional. Nos están desfinanciando, es así", subrayó.
Otro de los puntos de conflicto mencionados por Murcia es la presencia de empresas privadas realizando tareas dentro del predio. Desde el perímetro, dijo, se observa movimiento de maquinaria en la zona de contenedores, labores que antes eran ejecutadas con recursos humanos y equipamiento propio de la provincia. "Esa plazoleta es propiedad de la Dirección Provincial de Puertos, de la provincia de Tierra del Fuego, pero aparte era operada por el personal propio de la Dirección, con su propia maquinaria, y hoy estamos viendo que esos trabajos lo está haciendo un privado", denunció.
La falta de acceso a los recursos generados por la actividad desde el 21 de noviembre, según reveló, lo ha llevado a redirigir partidas presupuestadas para infraestructura con el objetivo de garantizar los salarios del personal, a excepción de los 16 agentes que continúan afectados a las órdenes del interventor nacional. "Le estoy reclamando ese dinero a la ANPyN, porque justamente el trabajo del área logística es lo que a mí me provee de fondos para poder seguir adelante con todo el trabajo", afirmó.
Por último, Roberto Murcia advirtió sobre las consecuencias colaterales del conflicto en términos de gestión, al revelar que la DPP estaba ultimando detalles para la compra de nuevas defensas a un proveedor de Japón, y que la situación actual dificulta el acceso a divisas para honrar esos compromisos internacionales.






