INTERVENCIÓN FEDERAL EN USHUAIA

Denuncian ante Prefectura que el puerto opera sin plan de seguridad

Ene 27, 2026 | General

Una presentación formal alerta que, tras la intervención federal, el puerto carece de un plan de protección vigente y de personal autorizado, exponiendo a riesgos operativos y ambientales en la estación portuaria.

La reciente intervención federal del Puerto de Ushuaia enfrenta críticas por presuntas fallas estructurales en materia de seguridad, tras conocerse una presentación formal que advierte sobre la carencia de un plan de protección portuaria activo y la falta de personal autorizado para funciones críticas. El documento, elevado a la Prefectura Naval Argentina, describe un escenario de riesgo que pone en cuestión la capacidad de prevenir y responder a incidentes.

En primer término, se sostiene que no existe certeza sobre la vigencia ni la aplicación efectiva del Plan de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), un requisito legal nacional e internacional. 

Además, se señala que técnicos y responsables anteriores a la intervención han sido inhabilitados para acceder al predio, lo que imposibilita supervisar sistemas de control de ingreso, vigilancia, alarmas y cámaras, dejando brechas de seguridad sin fiscalizar.

Asimismo, la denuncia destaca que actividades de alto riesgo siguen desarrollándose sin garantías. Entre ellas, se mencionan la provisión de combustible a embarcaciones, la gestión de residuos contaminantes y la manipulación de cargas peligrosas, todo ello sin confirmar si existen equipos adecuados y protocolos activos para enfrentar eventuales emergencias.

El aspecto ambiental representa otro eje de preocupación. Ubicado en el área céntrica de Ushuaia, cualquier derrame, incendio o falla operativa en el puerto podría afectar directamente a la población y al ecosistema circundante. La falta de un plan de contingencia operativo y de personal entrenado agrava la exposición a daños potenciales.

A esto se añade un riesgo de alcance global. Al ser puerta de entrada a la Antártida y núcleo del turismo de cruceros y las misiones científicas, operar sin un esquema de seguridad acorde a estándares internacionales (como el Código ISPS/PBIP) podría erosionar la confianza de operadores extranjeros, llevar a sanciones o pérdida de certificaciones, y dañar la actividad económica local.

En definitiva, la presentación coloca una pregunta central: si la intervención no asegura condiciones básicas de seguridad y control, la situación trasciende lo administrativo para convertirse en una amenaza operativa, ambiental y soberana. 

La incertidumbre sobre cómo se gestionan las actividades críticas sin planes ni personal idóneo mantiene encendidas las alertas en el puerto más austral del país.

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