INTERVENCIÓN PORTUARIA: LA VISIÓN OFICIALISTA

Diputado de La Libertad Avanza respaldó la medida nacional 

Ene 23, 2026 | Política

Miguel Rodríguez defendió la intervención nacional en el puerto de Ushuaia, argumentando presuntos desvíos de fondos y falta de respuestas formales de la provincia, y negó que sea un ataque a la autonomía fueguina.

La decisión del Gobierno Nacional de intervenir administrativamente el puerto de Ushuaia durante un plazo inicial de 12 meses generó un fuerte debate político e institucional. 

La medida, que transfiere la gestión de los ingresos portuarios de la órbita provincial a la nacional, fue respaldada públicamente por referentes del oficialismo. 

El diputado nacional Miguel Rodríguez, de La Libertad Avanza, sostuvo que la intervención se ajusta al marco legal y respondió a las causales expuestas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

Desde La Libertad Avanza se explicó la postura oficialista basándose en el contenido de la resolución de la ANPyN. Rodríguez, en FM Ushuaia, afirmó que la intervención fue dispuesta debido a “presuntos desvíos de fondos del puerto que no corresponde hacia el Ejecutivo provincial”, e indicó que esta decisión no debe entenderse como una ofensiva contra Tierra del Fuego. “Esto no tenemos que tomarlo como un ataque, sino como una consecuencia directa de la desigualdad y el desorden político del uso de los recursos”, sostuvo.

La ANPyN justificó la medida señalando que el Gobierno provincial no habría respondido a reiterados requerimientos formales de información. Según el legislador, “tras reiteradas solicitudes de informes y no habiendo ningún tipo de contestación, se avanzó con la intervención”. Esta versión es contradicha por la administración fueguina, que asegura haber cumplido con todos los requerimientos y niega cualquier irregularidad

Uno de los puntos más discutidos es la utilización de fondos del puerto para financiar gastos provinciales. La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó meses atrás una ley que autorizaba al Ejecutivo a destinar hasta 4.000 millones de pesos del ente portuario a la caja de jubilaciones. La norma fue votada incluso por legisladores del mismo espacio político que Rodríguez. Frente a este dato, el diputado remarcó que “la ley dice y es clara: no se pueden utilizar los recursos del puerto para financiar gastos corrientes”. Añadió que “la resolución se dictó por estos desvíos de fondos, por supuestos desvíos”, aunque admitió no contar con información adicional más allá de lo publicado oficialmente.

Rodríguez subrayó que la intervención es administrativa y que su objetivo es investigar si realmente se utilizó de forma indebida los recursos del puerto. “Si el Gobierno considera que eso va en contra del federalismo, está bien que recurra a la justicia”, expresó. Asimismo, defendió el accionar del Estado Nacional al sostener que “hay una delegación sobre la administración, y eso corresponde al Gobierno Nacional”.

El diputado evitó involucrarse directamente en acciones concretas más allá de su fundamentación política, aunque reconoció la legitimidad del reclamo provincial. “El objetivo de esta intervención administrativa es justamente por los presuntos desvíos de fondos”, reiteró, cerrando filas en torno a la decisión de la ANPyN.

El conflicto ya tiene un capítulo judicial abierto, con la provincia anunciando que recurrirá a la Justicia para impugnar la validez de la intervención. 

Mientras tanto, desde La Libertad Avanza se mantiene el apoyo a la medida, insistiendo en su carácter administrativo y de control, en el marco de una pulseada que sigue su curso tanto en los tribunales como en la arena política.

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