El intendente de Río Grande consideró que la eliminación de protecciones a la industria local está causando una pérdida masiva de empleos y un daño económico estructural.
La aplicación de arancel cero para la importación de dispositivos electrónicos establecido por el Decreto 333 del Gobierno nacional ha intensificado el conflicto entre la administración nacional y el sector industrial fueguino.
Frente a esta medida, el intendente de Río Grande, Martín Perez, alertó sobre sus consecuencias inmediatas y afirmó que se avanza hacia el desguace del régimen productivo de la provincia.
“Es un camino de no retorno”, aseguró en FM Ushuaia, y calculó que, de no modificarse la política actual, la ciudad podría ver desaparecer entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo directos en la industria, con un efecto cascada sobre toda la actividad económica regional.
Perez señaló que esta determinación tiene un origen electoral, remontándose a 2023 durante la campaña legislativa en la Ciudad de Buenos Aires. “Fue una medida electoralista anunciada por el vocero Adorni, entonces candidato a legislador. Buscaban captar votos jóvenes con la promesa de celulares más baratos. Pero en la práctica, esa promesa no se cumplió”, explicó.
En su visión, la rebaja arancelaria “no mejora la competitividad de la industria”, sino que directamente “la destruye”.
El mandatario local destacó que la liberación arancelaria para productos importados terminados no incentiva la inversión doméstica ni agrega valor. “No hay correlato con generación de empleo, ni mejora de la logística, ni dinamización de la economía”, precisó. Y añadió que la disposición responde a un modelo económico que “no concibe un país con capacidades productivas”, priorizando una apertura irrestricta por convicción ideológica.
De acuerdo con Perez, Tierra del Fuego se contaba entre las escasas jurisdicciones que brindaban certidumbre jurídica y marcos estables para los inversores. “Este régimen tiene más de 50 años y ha permitido el desarrollo de una industria sólida. El golpe que se está propinando es también geopolítico. Se está desmantelando una estructura que es estratégica por su ubicación y su capacidad”, remarcó.
La contracción del consumo interno representa un segundo factor que profundiza la emergencia. “No es solo el arancel cero. La actividad económica se desplomó, y eso también hizo caer los niveles de producción, incluso antes de esta nueva medida”, amplió.
En los últimos dos años, según sus cifras, Río Grande sufrió la pérdida de más de 2.000 empleos en el sector industrial, el cual concentra el 80% del trabajo formal de la ciudad. “El impacto se siente en todos los sectores: comercio, transporte, logística. La política de apertura indiscriminada y ajuste fiscal está desangrando nuestra economía local”, sostuvo.
La crisis se ve potenciada por el colapso del sector textil, donde numerosas fábricas ya cerraron sus puertas. “Estamos viendo un proceso de desindustrialización sin retorno. Y desde el municipio, si bien hacemos todo lo que está a nuestro alcance, sabemos que no es suficiente frente a esta dimensión del problema”, admitió.
Ante este panorama, el intendente propuso articular esfuerzos entre el sector público y el privado. Mencionó, como caso, la iniciativa para construir un puerto en la zona norte, impulsada por la firma Mirgor. “Es una inversión 100% privada que permitiría transformar la matriz logística de Río Grande. Pero no hay avances. Es otra oportunidad perdida en un contexto donde se necesitan definiciones”, se lamentó.
Perez además criticó la paralización de la obra pública nacional. Indicó que más de diez proyectos están frenados y que se ha notificado oficialmente su cancelación, incluyendo el plan PROCREAR II, que planeaba 180 viviendas. “El Gobierno nacional decidió correrse completamente de las necesidades de la gente. Y obras de esa magnitud no las podemos asumir desde un municipio”, argumentó.
Respecto al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), el intendente confirmó la firma de convenios para financiar dos iniciativas en la ciudad: la actualización del parque industrial y la ampliación de infraestructura para nuevos sectores. “Son obras estratégicas. Esperamos los desembolsos. Pero aclaremos: no son fondos nacionales. Son recursos generados por las propias empresas de Tierra del Fuego”, recalcó.
Al ser consultado sobre la función del Gobierno Provincial, Perez exhortó a superar las divisiones políticas y construir una agenda unificada. “Nuestra provincia está en estado de vulnerabilidad. El ataque a la industria es real y debemos responder con unidad. Hay un contexto geopolítico que no podemos ignorar”, afirmó.
Para finalizar, el intendente resaltó la urgencia de desarrollar alternativas productivas, optimizar la gestión estatal y fomentar nuevas fuentes de empleo privado. Cerrando con una defensa del esquema fueguino, concluyó: “No creemos en la motosierra. No vamos a romper todo lo que se construyó con esfuerzo. Apostamos a un Estado que acompañe, no que abandone”.






