REGULACIÓN DE LA MOVILIDAD DIGITAL EN USHUAIA

La ciudad estableció el marco legal para el transporte por aplicaciones

Ene 15, 2026 | Política

Mediante la sanción de una ordenanza específica, Ushuaia implementa un régimen para la operación de plataformas digitales de transporte. La normativa fija responsabilidades, exigencias, sanciones y períodos de adaptación, inaugurando una nueva fase en la movilidad urbana.  

A partir de ahora, el servicio de traslado de personas mediante aplicaciones móviles en Ushuaia se rige por una legislación local exhaustiva y moderna. La Ordenanza N.º 6591, ratificada por decreto del intendente luego de su aprobación en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante el 2 de enero, proporciona un marco regulatorio detallado para esta actividad dentro de los límites de la ciudad y consolida la facultad del gobierno municipal para auditar y supervisar su operación.

En consecuencia, el nuevo cuerpo legal deja sin efecto la regulación previa y todas sus enmiendas, instaurando un sistema unificado que intenta organizar un sector que experimentó un crecimiento notable durante los últimos años. La finalidad primordial es la de proveer garantías en materia de seguridad, responsabilidad y capacidad de seguimiento tanto para los pasajeros como para los operadores del servicio.

La ordenanza conceptualiza de manera rigurosa la noción de servicio de transporte mediado por plataformas digitales, determinando que consiste en una actividad que enlaza, mediante software para dispositivos móviles y tecnología de geoposicionamiento, a quienes necesitan un viaje con quienes lo ofrecen. Igualmente, designa como autoridad de aplicación a la Secretaría de Gobierno municipal, ejerciendo las atribuciones de control conferidas por la Carta Orgánica.

La legislación precisa los actores involucrados. Por una parte, identifica al prestador como la persona propietaria del automóvil dedicado al servicio, quien puede manejarlo personalmente o delegar en otros, bajo la condición de que todos figuren en el Registro Municipal Único de Conductores (ReMuCo). Por otra parte, reconoce de forma explícita a las Empresas de Redes de Transporte (ERT), entidades a cargo de gestionar y comercializar las aplicaciones que facilitan la conexión para los traslados.

En relación a los requisitos, el documento estipula deberes específicos para las compañías: establecer un domicilio legal en Ushuaia, nombrar un representante legal que resida de forma permanente en la provincia, presentar constancia de inscripción fiscal y ofrecer medios oficiales para consultas y quejas. Con estas medidas, se intenta prevenir una operación sin base local y robustecer las herramientas de fiscalización del municipio.

De forma simultánea, quienes presten el servicio deberán atenerse a los requerimientos ya establecidos en el ReMuCo. Los automóviles utilizados, por su parte, deben cumplir con especificaciones técnicas y de seguridad particulares: ser modelos sedán o monovolumen de cuatro o cinco puertas, tener una capacidad mínima para cuatro pasajeros, portar toda la documentación reglamentaria y superar cada año la Revisión Técnica Obligatoria.

La regulación también define pautas obligatorias durante la ejecución del servicio. Los conductores están compelidos a trabajar únicamente por medio de aplicaciones autorizadas, evitar cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad en la vía pública, conservar el vehículo en óptimo estado, colaborar con los agentes de control y obedecer reglas elementales, como no fumar en el interior del coche.

En el ámbito tarifario, la ordenanza dispone que el precio del viaje será establecido por la empresa de red de transporte y aceptado de manera previa por el cliente, sin que el Estado participe directamente en su determinación. Además, explica que este servicio no se rige por recorridos u horarios predeterminados, ya que se activa según la solicitud gestionada a través de las aplicaciones.

Por otro lado, el texto introduce un código de sanciones que contempla multas escalonadas para conductores y empresas que violen la normativa, permitiendo incluso la inmovilización cautelar del vehículo en infracciones graves. También veda de forma terminante recoger pasajeros en la calle sin el uso de la aplicación y transportar a personas que no estén vinculadas al servicio contratado.

Un componente significativo de la nueva estructura es la opción de que los taxis y remises se incorporen a las plataformas digitales, siempre que satisfagan las condiciones fijadas y no interrumpan la prestación de su servicio convencional. Esto genera un panorama de coexistencia supervisada entre las diferentes formas de movilidad.

Para finalizar, la ordenanza establece cronogramas específicos: el Departamento Ejecutivo municipal tendrá un plazo máximo de 90 días para reglamentar la ley, y se concederá un periodo de 60 días para que empresas y conductores se adapten. En esta fase inicial, la autoridad competente hará hincapié en la notificación y regularización, aunque actuará de oficio ante cualquier eventualidad que afecte la seguridad o la vigencia de los seguros obligatorios.

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