El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, desmintió versiones sobre una supuesta intervención nacional en el Puerto de Ushuaia y advirtió que las maniobras para cuestionar la gestión provincial no son aisladas. Según sostuvo, estos intentos guardan relación directa con la estrategia nacional de avanzar sobre una infraestructura clave para viabilizar el proyecto de una base naval integrada y un polo logístico antártico en coordinación con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, iniciativa que fue rechazada por la provincia.
Murcia fue categórico al negar cualquier acto administrativo formal que habilite una intervención federal en la terminal portuaria. “No tenemos conocimiento de nada. No hemos sido notificados de ningún acto administrativo”, afirmó, y remarcó que hasta el momento solo existen comunicaciones informales que carecen de sustento legal.
En ese marco, denunció la construcción deliberada de un relato de irregularidades con el objetivo de erosionar la autoridad provincial sobre el puerto. “Primero te desprestigian, después te intervienen y después lo privatizan. Es la historia de este país”, advirtió. Explicó que una denuncia individual presentada ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) derivó en una inspección técnica de dos días, durante la cual se cuestionaron obras que, en realidad, habían sido coordinadas previamente con el propio organismo nacional.
Según detalló, las observaciones realizadas carecen de veracidad. “Estábamos ejecutando obras junto a ellos, incluso nos acompañaron en la gestión del financiamiento”, señaló. Entre los trabajos observados se encontraban el recambio de defensas del muelle y la repavimentación del acceso portuario, tareas que formaban parte de proyectos consensuados y en ejecución conjunta.
Murcia sostuvo que el conflicto excede lo administrativo y responde a intereses estratégicos de mayor alcance. Indicó que la provincia ya presentó los reclamos correspondientes ante la Secretaría Legal y Técnica, la Fiscalía de Estado y la Jefatura de Gabinete, y advirtió que, si la Nación avanzara sobre el puerto sin competencia legal, se responderá en la Justicia Federal.
En ese sentido, reivindicó la autonomía provincial sobre la administración portuaria. “El puerto es de la provincia. Lo ampliamos en 1998 y en 2023 con fondos provinciales. Lo operamos, mantenemos la logística, el personal y el movimiento. Todo”, subrayó, al tiempo que calificó de injustificado cualquier intento de injerencia externa.
El titular de la Dirección Provincial de Puertos vinculó de manera directa esta situación con el interés geopolítico que despierta Ushuaia. “¿Existe alguna duda de que esto tiene que ver con la base naval integrada y el polo logístico antártico?”, planteó. Remarcó que el puerto es un activo estratégico por su rol como puerta de entrada a la Antártida y por el volumen de operaciones que concentra. “Es el puerto con mayor cantidad de cruceros del país y es estratégico no solo para Tierra del Fuego, sino para la República Argentina”, afirmó en el Diario del Fin del Mundo.
Asimismo, cuestionó que decisiones de esta magnitud se definan desde fuera del territorio provincial y sin consenso local. Aunque evitó mencionar actores concretos, dejó en claro que la provincia no está dispuesta a ceder el control del puerto. “Estamos defendiendo lo que es nuestro y lo vamos a seguir haciendo”, enfatizó.
Finalmente, reiteró que no existe ninguna intervención en curso ni fundamentos que la justifiquen. “Lo único que tenemos son dos notas. Una en noviembre y otra en diciembre. Nada más”, concluyó, al tiempo que ratificó la decisión del Gobierno provincial de sostener la administración del Puerto de Ushuaia frente a cualquier intento de avance externo.
