El representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura, asumió su cargo con el objetivo de impulsar una gestión más transparente y procesos de selección y remoción de jueces modernizados. Anunció que trabajará en la apertura institucional, la rendición de cuentas y la actualización de los mecanismos vigentes.
El flamante consejero Alejandro Pagano Zavalía, representante de la matrícula de abogados, inició su gestión enfatizando la necesidad de abrir la institución y recuperar la confianza ciudadana.
“Es una responsabilidad que abrazo, y pienso encararla con toda la energía. Mi compromiso está en informar y exponerme, porque nos debemos a la gente que nos eligió”, sostuvo en FM Ushuaia. Subrayó que la transparencia y la rendición de cuentas serán pilares de su labor: “Mi compromiso está también en informar y en exponerme, porque los que ocupamos cargos electivos nos debemos a la gente que nos eligió y al conjunto de la sociedad”.
Reconoció el carácter pionero del Consejo a nivel nacional, pero alertó sobre múltiples aspectos por mejorar, en especial los vinculados a la designación y remoción de magistrados.
Dentro de sus primeras iniciativas, destacó la urgencia de implementar un sistema de calificación y ponderación de los exámenes para aspirantes a jueces. “En una ciudad tan chica, donde todos nos conocemos, debería haber exámenes calificados y anónimos. El Consejo hoy no califica los exámenes: vos no sabés cómo te fue ni cómo le fue al que resultó electo. Así no se puede contrastar de manera objetiva el resultado”, sostuvo.
Sugirió que un jurado técnico externo tome y evalúe las pruebas, eliminando posibles sesgos y otorgando mayor legitimidad a los concursos: “Deberían ser calificados por un jurado externo y ser anónimos, para evitar cualquier prejuicio o favoritismo”, destacó.
El representante de los abogados también señaló la conveniencia de estudiar fórmulas más robustas para la selección de magistrados del Superior Tribunal y de revisar los procedimientos de remoción. “El jury se puede usar para buenos o malos fines, pero no podés tener a un juez sometido a un juicio político durante un año y medio sin que avance la denuncia”, indicó.
Afirmó que los plazos dilatados comprometen la independencia judicial y el derecho de defensa, por lo que se requieren mecanismos más ágiles y claros para estas instancias.
Pagano Zavalía observó que la escasez de denuncias formales por corrupción no garantiza que no existan irregularidades: “Lo único que se ve de supuesta corrupción aparece en los medios de comunicación, pero no hay nadie que actúe. La sociedad queda huérfana en ese sentido”, expresó.
Añadió que la reforma constitucional programada para el próximo año brinda una oportunidad para modernizar la composición del Consejo y fomentar la participación ciudadana, además de promover audiencias públicas con mayor acceso y divulgación: “La gente quiere saber qué está sucediendo, y cuanto más transparencia haya, mejor para la institución”.
Adelantó que aprovechará el receso judicial para examinar el marco normativo actual y elaborar propuestas de modificación. “Mi compromiso es analizar la ley, buscar los puntos débiles y plantear las reformas que podamos para mejorar el funcionamiento y asegurar un mejor servicio de administración de justicia”, concluyó.
