El secretario de Gobierno del Municipio de Ushuaia confirmó acciones legales tras un episodio de violencia verbal e intimidación durante un operativo, donde un conductor publicó una "recompensa" para identificar a una agente.
El municipio de Ushuaia enfrenta un caso grave de violencia institucional luego de que un conductor se negara a realizar el test de alcoholemia durante un control de tránsito y, posteriormente, amenazara a una inspectora municipal. César Molina, abogado y secretario de Gobierno, detalló en FM Ushuaia los hechos ocurridos en la madrugada del domingo, donde dos individuos no sólo rechazaron el procedimiento rutinario, sino que iniciaron una actitud "prepotente e intimidatoria" contra la funcionaria y la policía.
"Terminaron ofreciendo por redes sociales una recompensa para traer los datos de la inspectora, en una clara actitud amenazante que pone en riesgo la seguridad de nuestro personal", denunció Molina.
El funcionario subrayó que la multa por negarse al control es más severa que la aplicada por alcoholemia positiva, pero el conflicto escaló cuando el conductor publicó videos del altercado en sus redes, exigiendo la identificación de la agente y desafiando a las autoridades.
La Municipalidad ya presentó una denuncia penal por amenazas e intimidación, solicitando además "una restricción de acercamiento" para proteger a la inspectora. "Si se animan a amenazar frente a un policía y a publicarlo, no sabemos a qué más pueden llegar", advirtió Molina, quien recalcó que el episodio no fue aislado: esa misma noche, otro conductor intentó huir de un control, lo que derivó en una persecución y su posterior detención.
El secretario enfatizó que los operativos buscan prevenir tragedias viales, recordando casos recientes de fatalidades en la ciudad. "Los controles son para cuidarnos. Si se toma, no hay que manejar", insistió. Sobre el componente de género, Molina admitió la vulnerabilidad de la inspectora y aseguró que la justicia actuará con contundencia: "No vamos a tolerar que se amenace a quienes nos protegen".
La fiscalía local ya investiga los hechos, mientras el municipio insiste en que la conducta del conductor -documentada por él mismo en redes- configura un delito. "No todos pueden hacer lo que quieran. Esto no quedará impune", cerró César Molina, en un mensaje dirigido a disuadir futuras agresiones contra agentes públicos.
