La polémica por la suspensión de las elecciones constituyentes en Tierra del Fuego suma un nuevo capítulo en las últimas horas. El legislador Jorge Lechman, del bloque Somos Fueguinos y principal impulsor de la medida cautelar que frenó el proceso electoral en agosto de 2024, presentó una recusación contra la jueza Edith Cristiano, a cargo del expediente.
El eje del planteo gira en torno a la participación de la magistrada en una reunión de la Junta Directiva del Instituto Internacional para la Excelencia en la Justicia, un espacio que promueve estándares de calidad e independencia judicial a nivel global. La invitación, según se informó oficialmente, fue gestionada en el marco de las funciones de Cristiano como presidenta del FOFECMA, el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de Argentina. Además, quedó constancia de que los gastos del viaje fueron cubiertos por la organización europea anfitriona.
Pese a esta información, Lechman sostiene que el viaje habría sido facilitado por gestiones del Ejecutivo provincial, aunque no aporta elementos concretos que acrediten esa versión. A partir de esa hipótesis, el legislador infiere que la relación de la jueza con el gobierno podría poner en duda su imparcialidad.
Sin embargo, en opinión de especialistas, el planteo carece de asidero legal. Un abogado integrante del Colegio Público de Abogados de Ushuaia, consultado por este medio, consideró que “es un planteo sin sustento jurídico serio, construido sobre suposiciones. Confundir una actividad institucional, debidamente informada y autorizada, con un supuesto vínculo político es forzar los mecanismos de recusación, que tienen un fin muy distinto”.
La mirada de la Corte Suprema
El criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recusaciones es claro. Solo se admiten cuando existen pruebas concretas y causales legalmente previstas, como enemistad manifiesta, interés personal o pérdida comprobable de imparcialidad. Así lo establecen fallos como “Barraza” y “Leiva”, que advierten contra el uso distorsionado de las recusaciones como herramienta de presión o especulación política.
“El viaje de la jueza Cristiano se inscribe en su rol institucional, no en una maniobra política. Si no se presentan pruebas objetivas, el planteo difícilmente prospere”, concluyó el abogado consultado.
Ahora, será la Justicia provincial la que deberá evaluar si el pedido de recusación tiene algún sustento o si, como muchos anticipan, se trata de un intento de condicionar el proceso judicial a través de argumentos débiles.
