El Juzgado de Instrucción 1 dispuso el lanzamiento inmediato por usurpación y priorizó la protección de cuatro menores en situación de vulnerabilidad.
El Juzgado de Instrucción 1 de Ushuaia, a cargo del magistrado Sergio Pepe, resolvió ordenar el desalojo inmediato de dos familias que ocupaban irregularmente viviendas en construcción propiedad del Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat (IPVyH). Las casas, ubicadas ambas en calle Bahía de los Abrigos, carecían de servicios básicos como luz, agua y gas, y se encontraban en etapa de ejecución de obra sin adjudicación formal.
La decisión judicial surgió tras una investigación iniciada por la denuncia de la Comisaría Cuarta, que alertó sobre el ingreso de personas a los inmuebles en marzo de 2025. Dos mujeres, junto a sus cuatro hijos menores, fueron halladas en condiciones precarias: sin mobiliario, utilizando ropa térmica para dormir y dependiendo de ayuda externa para alimentarse. Pese a las advertencias del Organismo de Protección de Derechos y los intentos de mediación, ambas mujeres se negaron a abandonar las propiedades o entregar a los niños al cuidado de familiares.
El fallo destacó la "grave vulnerabilidad" de los menores, respaldada por informes periciales que describieron entornos inadecuados para su desarrollo. El juez fundamentó la medida en el interés superior del niño -avalado por la Convención Internacional de Derechos del Niño y leyes locales- y en la necesidad de "hacer cesar los efectos del delito de usurpación", tipificado en el Código Penal.
La orden incluyó el uso de fuerza pública si fuera necesario, así como la intervención de áreas sociales para garantizar contención a las familias. Además, se reprogramó la declaración indagatoria de ambas mujeres para julio, bajo apercibimiento de arresto por su reiterada incomparecencia.
La restitución de las viviendas al IPVyH busca, según la sentencia, "asegurar soluciones habitacionales legítimas" para otras familias en situación de necesidad.
La resolución subrayó el equilibrio entre el resguardo de derechos sociales y el cumplimiento de la ley, en un caso que expone las tensiones entre la emergencia habitacional y el orden jurídico.
