La contratación simultánea de una misma persona por la presidencia y un concejal del MPF, sumada a la creación de nuevas subsecretarías, reaviva las críticas sobre el elevado costo político del cuerpo legislativo riograndense.
El Concejo Deliberante de Río Grande vuelve a ser foco de polémica por el incremento constante de su costo político. En los últimos días, se desató un nuevo escándalo tras la publicación en el Boletín Oficial de la contratación simultánea de Fernando Antonio Pizarro por parte de la presidenta del Concejo, concejala Guadalupe Zamora, y el concejal del MPF, Matías Löffler.
Ambos ediles contrataron a Pizarro con un salario de $800.000 mensuales, un hecho que solo refuerza el sentido del informe publicado por la Fundación Libertad a fines del 2024, donde se reflejaba el costo político del Concejo riograndense dentro del TOP 5 a nivel nacional, medido por cantidad de habitantes.
La doble contratación se suma a la reciente difusión de la creación de nuevas subsecretarías tanto para la presidencia del cuerpo como para cada uno de los bloques políticos.
El diario Tiempo Fueguino, en una publicación de enero de 2025, profundizó en el tema, revelando que el Concejo riograndense ocupa el quinto lugar en el ranking nacional de mayor gasto político, y el segundo lugar en gasto per cápita, con $33.100 anuales por habitante, solo superado por Río Gallegos. El informe de la Fundación Libertad analizó los presupuestos de 55 ciudades argentinas, mostrando que Río Grande, aunque no tiene el mayor porcentaje asignado, registra una cifra absoluta de $363,3 millones por concejal, una carga considerable para las finanzas locales.
Finalmente, el diputado nacional por LLA, Santiago Pauli, reforzó las críticas en su cuenta de X, cuestionando nuevamente el gasto del Concejo.
Pauli expresó su indignación por el gasto desmedido y solicitó una reconsideración de las políticas presupuestarias del cuerpo legislativo riograndense, enfatizando la contradicción entre las declaraciones oficiales sobre la inexistencia de aumento del gasto y la evidencia objetiva disponible en el Boletín Oficial.
