El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat se ve obligado a revisar su estrategia ante la anulación de licitaciones de viviendas y la paralización de los fondos nacionales. La única alternativa viable es el sorteo de terrenos con servicios.
La crisis habitacional en Tierra del Fuego alcanzó nuevos niveles de incertidumbre, que comenzó con la cancelación de las 2.186 viviendas licitadas por el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) en mayo del año pasado. La falta de apoyo económico por parte del gobierno nacional llevó a la baja de los planes de financiamiento federal, dejando a la institución sin la posibilidad de avanzar con los proyectos habitacionales. Con este panorama, el IPV se ve forzado a cambiar su enfoque, limitándose únicamente a entregar terrenos con servicios a través de sorteos.
“Casi 2.200 viviendas se dieron de baja. Nosotros licitamos 2.186 viviendas en mayo de 2023 que fueron presentadas a Nación, que tenían una objeción técnica, que fueron preadjudicadas y que finalmente no obtuvieron el financiamiento”, explicó en FM Mastser’s Laura Montes, prsidenta de la entidad, subrayando que este revés constituye un golpe significativo para las proyecciones habitacionales de la provincia.
La respuesta del IPV ha sido reorientar su accionar hacia la entrega de terrenos con servicios, una solución que, si bien representa un alivio para las familias, está lejos de igualar el impacto de los proyectos cancelados. “Se entiende que un lote con servicio para una familia es algo más que importante. Aparte, la modalidad que tenemos de entrega y de financiamiento son cuotas que no superan los $180.000. Sin embargo, el tema es que no se compara con la gran cantidad de viviendas que teníamos para hacer en esos lotes”, destacó Montes.
Actualmente, el instituto enfrenta una demanda que supera las 8.000 personas inscriptas en toda la provincia, con unas 4.500 en Ushuaia y 3.500 en Río Grande. Dentro de este grupo, aproximadamente 3.500 corresponden a familias, mientras que el resto son individuos que buscan acceso a un terreno o vivienda. Montes admitió que, bajo el sistema actual, es inviable responder a esta demanda acumulada: “Ni esta gestión, ni la que sigue, ni ninguna gestión, si nosotros no modificamos la modalidad de inscripción, va a poder salir a cubrir toda esta demanda”.
En este nuevo escenario, el IPV también explora alternativas público-privadas, aunque estas están sujetas a los vaivenes de la macroeconomía y a la disposición del sector privado para invertir. “Estamos trabajando en otras alternativas que dependen de público privado, pero, como dependen del privado, también dependen de la macroeconomía”, comentó Montes, reconociendo las dificultades que impone la incertidumbre económica actual.
Otro desafío es el impacto de las restricciones presupuestarias. Según Montes, el financiamiento nacional, que antes representaba una parte sustancial de los recursos del IPV, ha desaparecido por completo, obligando al instituto a operar exclusivamente con fondos propios. Esto implica no solo un cambio drástico en las proyecciones financieras, sino también en las formas de trabajo: “El cambio en nuestro presupuesto del año pasado a este son 180 grados. El funcionamiento del Instituto va a tener que adaptarse, con los cambios que implique y tiene que ser un cambio acelerado”.
En este contexto, el IPV comenzó a implementar modificaciones en sus criterios de selección, incorporando variables como la capacidad económica de los postulantes. Según Montes, esta medida busca garantizar que quienes accedan a un terreno puedan iniciar la construcción en un plazo razonable: “Antes era solamente por antigüedad, le agregamos también una capacidad económica, porque uno para entregar un lote tiene que tener la certeza de que la familia por lo menos en un corto o mediano plazo pueda empezar a construir algo”.
La funcionaria también señaló que el instituto está absorbiendo la demanda que solía atenderse a través de programas como el Procrear, que desaparecieron bajo la actual gestión nacional. En respuesta, se llevan a cabo sorteos de lotes, como los recientes realizados en Chacra 9, Río Grande, y en Ushuaia, con el objetivo de ofrecer soluciones habitacionales mínimas a las familias afectadas.
El desafío es mayúsculo, y Montes no ocultó la gravedad de la situación: “El año pasado, no sé si habrá tenido un alcance mediático, pero informamos porque para nosotros fue una baja impresionante, un cambio en la modalidad de empezar a trabajar”. A pesar de las dificultades, desde el IPV aseguran estar comprometidos con la búsqueda de soluciones en un contexto en el que los planes nacionales ya no representan una opción.
La caída de las licitaciones y el ajuste presupuestario reflejan una problemática que afecta no solo a Tierra del Fuego, sino a todas las provincias, según la arquitecta Laura Montes subrayó.
