El Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Urquiza, dictaminó en contra de la medida interpuesta por los concejales Valter Tavarone y Francisco Espeche, argumentando falta de legitimación y cuestionando la intervención judicial en temas internos del Concejo Deliberante de Ushuaia.
El Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Urquiza, en su dictamen del 18 de noviembre, se refirió al caso «Tavarone, Valter Carlos c/ Concejo Deliberante de Ushuaia». En dicho documento, recomienda no admitir la acción promovida por los concejales Valter Tavarone y Francisco Espeche, quienes actuaron en su carácter de ediles de la ciudad de Ushuaia.
Los concejales impugnaron recientemente la aprobación inicial de una ordenanza para crear el Ente Municipal de Turismo, alegando que el procedimiento estuvo viciado de nulidad absoluta. Sin embargo, desde la perspectiva del jefe de fiscales provinciales, el Ministerio Público recalca la improcedencia de esta demanda.
Primero, Urquiza destaca la ausencia de legitimación activa. Basándose en jurisprudencia previa, indicó que los demandantes no demostraron un daño específico ni interés jurídico tutelado. Urquiza sostiene que es necesario mostrar «un interés jurídicamente tutelado que esté en disputa actual o inminente». A su vez, cuestionó la entrada de tribunales en temas internos del Concejo: «el reclamo se centraba en cuestiones procedimentales internas (…) la intervención de la justicia era inapropiada excepto si se vulneraban claramente derechos fundamentales».
Además, el dictamen descarta la existencia de vicios en el procedimiento. Urquiza recalca que «el procedimiento decidido por el Concejo Deliberante para el asunto nº 1186…se ajustó a lo que la propia entidad buscaba proteger». Como resultado, las supuestas irregularidades no tienen la suficiente gravedad para invalidar la decisión: «no se advierte que dichos condicionamientos y requisitos sean suficientes para justificar una intervención judicial». Urquiza concluyó que la impugnación se basó en procesos internos del Concejo y consideró que «no es susceptible de revisión judicial, al menos no en los términos propuestos».
Por último, el fiscal resalta la falta de «perjuicio irreparable» y «riesgo por demora», reiterando la inexistencia de derechos fundamentales afectados que justifiquen la intervención judicial. En conclusión, el dictamen establece: «En los términos expuestos, manifiesto que la acción presentada no es procedente».
El dictamen, aunque no vinculante, representa una posición técnico-jurídica del Ministerio Público. Ahora, el caso continuará su trámite ante el Superior Tribunal, que será la entidad judicial encargada de la resolución definitiva. Esta decisión probablemente establecerá un precedente sobre la elaboración de normas y su incidencia en futuros planteos en el Concejo Deliberante de Ushuaia.
