El abogado de la familia Sanfelippo cuestionó el fallo que dictó solo 5 años de cárcel al conductor responsable de la muerte de Pablo. Lamentó la «mala aplicación» del tipo penal y pidió una revisión de la legislación.
El caso de la trágica muerte de Pablo Sanfelippo, ocurrida en un accidente de tránsito en Ushuaia, ha generado gran controversia tras conocerse la condena impuesta a Alberto Lamas, el conductor responsable. Solo cinco años de prisión fue el castigo determinado por la Justicia, una sentencia recibida con indignación por los deudos de la víctima. Jorge Hernández, abogado de la familia, expresó en diálogo con FM Master’s su profundo desacuerdo con el fallo, calificando de «insuficiente» la pena y exigiendo una revisión de la legislación para asegurar que crímenes de esta índole no queden impunes.
El abogado consideró que la condena no se corresponde con los agravantes presentes en el caso. En su comparación con otros incidentes de tránsito con desenlace fatal, afirmó que, si bien algunos casos recientes han derivado en penas de cinco años, el caso de Sanfelippo incluye agravantes adicionales, como la conducción en contramano y la peligrosidad evidenciada por las pruebas presentadas. “Por la inhabilitación, por ir a contramano, eso nosotros tenemos claro, desde el principio y probado”, indicó, apuntando a la inconsistencia de aplicar la misma pena a situaciones con distintos niveles de responsabilidad.
El letrado también destacó que el problema subyacente tiene que ver con el tipo penal y el marco jurídico vigente, que considera insuficiente para abordar adecuadamente las tragedias provocadas por conductores imprudentes. A su criterio, se requiere una modificación legislativa impulsada por el consenso social y el activismo de organizaciones civiles. “Es una batalla que debe dar, por ejemplo, Madres del Dolor, que es una asociación que representa a las madres de hijos asesinados en tránsito”, señaló, enfatizando que la presión de grupos de familiares de víctimas podría ser fundamental para avanzar hacia penas más severas.
Hernández sugirió que una de las modificaciones podría ser elevar la pena máxima en estos casos a ocho años, lo cual daría a los jueces mayor margen para sancionar las conductas peligrosas de manera más estricta. Según él, esta extensión en la pena no solo endurecería el castigo, sino que también sería una respuesta a la demanda social de justicia. “La fuerza de distintos grupos de poder y empuje que hacen Argentina, logrará que en algún momento se modifique esta figura penal y se haga un poco más grave su pena”, comentó. Además, señaló que una pena más alta, de hasta ocho años, “queda al borde del homicidio doloso” y permite que el castigo se acerque más a la gravedad de los hechos.
Más allá de la pena impuesta, apuntó directamente a los jueces, cuestionando la interpretación que hicieron en este caso particular y la aplicación del tipo penal. “Hoy le reclamamos a los jueces una mala aplicación del tipo penal. En principio en la casación que se ha presentado, se plantea que no se vislumbró el dolo eventual. Subsidiariamente se dice, dentro del tipo penal, si ustedes iban a condenarlo por homicidio culposo agravado, entonces pongan el máximo”, explicó Hernández, expresando su descontento con lo que considera una falta de rigor en la sentencia.
La divergencia entre la interpretación de los jueces y la postura de la defensa también incluye aspectos técnicos, como el punto de impacto, que, aseguró, prueba que el conductor iba en contramano en el momento del accidente. Según él, las pericias científicas respaldan esta versión, aunque los magistrados hayan concluido que no estaba “tan en contramano como se dice”. Para Hernández, este tipo de cuestiones técnicas deben ser resueltas en una instancia superior: “Cuestiones que se te plantean en casación, veremos cómo se resuelven. Ahora le toca al Superior Tribunal”, añadió.
En su crítica al sistema, Hernández subrayó que la legislación actual resulta insuficiente para sancionar de manera justa estos casos, y cuestionó el lento avance en la modificación de leyes de tránsito, en contraste con la rapidez en que se aprueban otras reformas. “Qué rápido que modifican cosas en Diputados y Senadores cuando tiene que ver con intereses, por ejemplo, políticos, cuando tiene que ver con rosca diaria. Rapidísimo se modifican, así tac, tac, en una semana, nos vamos de vacaciones y siempre en diciembre te modifican cosas”, sostuvo con ironía.
En la opinión del abogado Jorge Hernández, la pena de seis años que actualmente representa el máximo en el tipo penal de homicidio culposo agravado tampoco es suficiente para actuar como un disuasivo o para satisfacer la demanda de justicia por parte de la sociedad.
