El secretario General de la UNTDF expuso los procedimientos de auditoría a las universidades nacionales y reafirmó la importancia de una gestión independiente y autónoma en el ámbito académico.
La autonomía de las universidades nacionales argentinas, resultado de décadas de lucha, ha sido esencial para que las instituciones puedan autogestionarse y operar con libertad en la toma de decisiones, desde la administración de sus recursos hasta la definición de sus agendas académicas. A pesar de ello, recientes políticas de control impulsadas desde el gobierno nacional despiertan inquietud en el ámbito universitario, que percibe en estas medidas una posible amenaza a la independencia que las define.
En el caso de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), su secretario General, Francisco Lohigorry, defendió en FM Master’s enfáticamente la independencia de las universidades y explicó cómo el financiamiento, la auditoría y la rendición de cuentas de estas instituciones están estructurados de manera que resguarden dicha autonomía: “Es una cuestión no tan simbólica, aunque es un poco simbólica, pero el financiamiento de las universidades se aprueba en el Congreso. Las universidades, como entidades autónomas y autárquicas, tienen un financiamiento específico aprobado por ley por el Congreso de la Nación y después hacia su interior definen la asignación presupuestaria en el marco de la autonomía, con la función de los Consejos Superiores” expresó.
El sistema de financiamiento de las universidades, aprobado por el Congreso de la Nación, otorga a estas instituciones un margen para distribuir sus recursos de acuerdo con las prioridades internas, según lo determinan sus órganos colegiados. En este esquema, el rol del Congreso es fundamental, no solo para aprobar los fondos, sino también para auditarlos a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano que depende del Poder Legislativo y que garantiza la transparencia en el uso de los fondos públicos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), también lleva a cabo controles en las universidades, un hecho que, aunque rutinario en ciertos aspectos, ha generado tensiones ante la posibilidad de que las auditorías puedan ir más allá de lo que el sistema original prevé.
Según Lohigorry, el verdadero foco de preocupación radica en la posible intervención del Ejecutivo en la gestión universitaria, una intervención que, aunque indirecta, puede ejercer presión sobre las decisiones de estas instituciones. “El temor a ciertas injerencias que podría tener el Poder Ejecutivo sobre las universidades nacionales, que es lo que se trata de evitar con la cuestión de la autonomía y demás. El Congreso aprueba los fondos, la Universidad define sus prioridades. Que el Poder Ejecutivo, que es un órgano unipersonal, pueda hacer una valoración sobre eso, por ejemplo, podría redundar en una especie de intervención que es lo que entiendo plantea la UBA, del funcionamiento de las universidades”, afirmó.
La autonomía universitaria ha sido históricamente vista como un mecanismo protector, diseñado para evitar que las universidades se conviertan en instrumentos de políticas gubernamentales transitorias. Lohigorry destacó la importancia de que las universidades conserven su libertad de acción y se autorregulen mediante sus propios órganos de control y de gobierno interno. “Las universidades tienen su autonomía justamente para estar en cierta medida protegida de esa cuestión que podría ser la decisión unilateral de una persona. La aprueba un Congreso y un órgano colegiado de la universidad que representa a todos los claustros es el que define la asignación presupuestaria hacia adentro de la universidad”, explicó.
Respecto a los procesos de auditoría, Lohigorry detalló que las universidades siempre han estado sujetas a supervisión interna y externa. “Siempre nos auditaron, y en muchos casos también la SIGEN por convenios específicos. La SIGEN controla la labor de las auditorías internas y recibe de muchas universidades el plan de auditoría interna, por ejemplo”. Este control implica que, en la práctica, la SIGEN revisa los planes de auditoría interna de cada universidad, mientras que la AGN realiza una auditoría externa de la institución.
Sin embargo, lo que actualmente se encuentra en discusión es el grado de supervisión que la SIGEN podría tener sobre las auditorías internas universitarias. De acuerdo con Lohigorry, este es uno de los puntos sensibles que podría impactar en la autonomía. “Lo que está en discusiones es eso, si esa auditoría interna si tiene que ser de alguna forma supeditada a lo que defina la SIGEN o si lo puede resolver internamente la auditoría interna de cada universidad”, precisó.
En la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, los procesos de auditoría han sido motivo de debate en el Consejo Superior, órgano que regula las decisiones de la universidad. “Se discutió a lo largo del tiempo en el Consejo Superior, la Universidad de Tierra del Fuego envía sus proyectos de auditoría, sus planes anuales de auditoría a la SIGEN, siempre lo enviamos, o sea que los tiene la SIGEN. No vemos un problema en eso. Lo que no podemos, porque es producto de una conquista histórica, es de alguna forma renunciar o regalar la autonomía universitaria”, sostuvo Lohigorry.
El resguardo de la autonomía universitaria, en palabras del secretario general de la UNTDF, es una cuestión fundamental para proteger las universidades de “los avatares políticos de un gobierno de turno”. Esta protección es esencial para asegurar que las casas de estudio puedan seguir cumpliendo su función de manera libre y autónoma, sin interferencias externas que pudieran comprometer sus principios. En este contexto, Francisco Lohigorry fue categórico al señalar que la autonomía universitaria es un derecho conquistado que debe ser defendido: “La autonomía protege a las instituciones de los avatares políticos de un gobierno de turno y eso es lo que la Universidad debe proteger para poder cumplir con su objetivo de la mejor manera” concluyó el secretario.
