El ex abogado defensor de cuatro concejales de Tolhuin expresó su opinión sobre la resolución judicial que puso fin al proceso en el que se los investigaba por presunto uso indebido de fondos del Concejo Deliberante.
Raúl Paderne, ex abogado defensor de los cuatro ediles de Tolhuin involucrados en una causa por mal uso de fondos públicos, se refirió a la reciente resolución judicial que desestimó las imputaciones por tales presuntos gastos irregulares en el Concejo. El juez a cargo, el Dr. Pellegrino, decidió archivar el caso, cerrando definitivamente una causa que había suscitado polémicas en el ámbito político local.
Paderne explicó, por FM Master’s, que el juez tomó su decisión tras llevar a cabo una serie de investigaciones que tenían como objetivo determinar si los actos de los concejales podían ser considerados delictivos. Según el abogado, «el fin de la semana anterior, el juez de la causa, el Dr. Pellegrino, desestimó el requerimiento fiscal después de realizar una serie de investigaciones que referían a si había actividades que podían ser consideradas delictuales y concluyó que no».
Un elemento clave en la resolución fue el informe del Tribunal de Cuentas, el cual, según Paderne, ya había sido emitido antes de que se presentara la denuncia y resultó fundamental para la decisión judicial. «Se basó en un informe del Tribunal de Cuentas que ya había sido emitido con anterioridad a la denuncia. Esa resolución judicial ha quedado firme porque la Fiscalía no la apeló, entonces, como causa penal, esto está absolutamente terminado», señaló.
El abogado hizo hincapié en que no se trató de una cuestión de gravedad penal, destacando que no existía ninguna base para sostener una sospecha de actividad ilícita. «Entiendo, más allá de mi función de defensor, que no hubo siquiera una sospecha sostenible de una actividad ilícita. Se puede pensar que administrativamente hubo incumplimientos, desprolijidades, eso es relativo, pero desde ningún punto de vista hubo una actividad delictual, ni siquiera posible», afirmó.
Paderne argumentó que los gastos en cuestión estaban amparados en actos administrativos y resoluciones del Concejo Deliberante, por lo que consideró que no había desvíos respecto a la normativa vigente. «Los gastos respondían a actos administrativos, o sea, a resoluciones del Concejo Deliberante que eran ya de tiempo y ninguna se apartaba de lo que decían estas resoluciones, ni se realizaban actividades que no fueran coherentes con ella», explicó.
En cuanto a la génesis de la denuncia, Paderne la atribuyó a una situación interna en el ámbito de la administración pública, restando relevancia a las motivaciones detrás de la acusación. Según el abogado, «es como un enojo de alguien que participaba en aquel momento de la Secretaría pertinente, fue como una cuestión de un enojo respecto a una situación laboral que no se sostuvo y que aparte era una cuestión política sostenerlo o no, no es que era una cuestión de cumplimiento administrativo o de derechos vulnerados».
El hecho de que no se haya convocado a los imputados a prestar declaración indagatoria fue otro punto destacado por Paderne, quien señaló que la investigación no avanzó debido a la falta de sustento en la acusación. «Simplemente decir, imputar sin justificación legal y así, a tal punto que llega sin tomar declaración indagatoria de ninguno, porque se desestima el requerimiento, el fiscal pide investigar, el juez cumple con la investigación que requiere fiscal y determina que no hay causa penal», enfatizó.
Finalmente, el abogado reflexionó sobre el rol de los fiscales en estos casos, reconociendo que, en su experiencia, suelen actuar con lógica y que en este caso particular el desenlace era predecible. «Los fiscales son en el 99% de las veces lógicos, algunas veces serán ilógicos, como todos, o tendrán una discrepancia, pero esto era muy obvio», manifestó.
Aunque la causa penal ha sido cerrada, advirtió que aún queda por ver si quienes se sintieron agraviados por la denuncia tomarán alguna acción. Sin embargo, recomendó actuar con cautela, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos. «Ahora habrá que ver qué quieren hacer aquellos que se han sentido afectados, si quieren ejercer una acción o no. Ya será materia de análisis, que yo siempre recomiendo prudencia con estas cosas, porque cuando uno está en la función pública tiene que estar dispuesto a que esté cuestionado, entonces si no se puede probar una intencionalidad respecto de esta denuncia, tampoco es que tiene una acción expedita uno», concluyó el abogado Raúl Paderne.
Con la desestimación de esta causa, se cierra un capítulo judicial en Tolhuin, que que concluye con los concejales involucrados sin imputaciones penales.
