El secretario del Juzgado Federal de Río Grande brindó precisiones acerca de la reciente determinación de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que rechazó la solicitud de la jueza Borruto de postergar los incrementos de gas hasta que se resuelva el fondo.
La reciente resolución de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia sobre las tarifas de gas ha suscitado inquietud y debate en distintos sectores. En una entrevista con FM Master’s, el secretario del Juzgado Federal de Río Grande, Juan Manuel Vicente, ofreció una explicación detallada sobre el fallo y sus posibles repercusiones para la comunidad.
Vicente comenzó aclarando que el caso tiene como origen una demanda presentada por el Estado Provincial, con el objetivo de anular los incrementos tarifarios dispuestos por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y la Secretaría de Energía. "Hay que tomar en consideración que, en esta causa, el Estado Provincial hizo una demanda para que se dejasen sin efecto los aumentos de las tarifas de gas dispuestas por Enargas y por la Secretaría de Energía", afirmó, subrayando la complejidad del caso, que requiere un análisis exhaustivo de la información disponible, incluyendo aspectos que van desde los costos de obtención del gas hasta su distribución al usuario final.
El secretario explicó que el proceso judicial se encuentra en una etapa preliminar y cautelar. En este sentido, mencionó que la jueza Mariel Borruto había tomado dos medidas cautelares importantes. La primera de ellas, que fue convalidada por la Cámara de Apelaciones, consistía en evitar que se cortara el suministro de gas a aquellos usuarios que no pudieran pagar sus facturas debido a los nuevos aumentos tarifarios. "No se va a cortar el suministro de gas a nadie que tenga facturas impagas con estos aumentos", confirmó y aseguró así que la medida sigue vigente.
La segunda medida cautelar, más controvertida, proponía que se suspendieran los aumentos hasta que se tomara una decisión definitiva sobre el asunto. La jueza Borruto entendió que los incrementos podrían causar un perjuicio significativo a la ciudadanía, por lo que decidió suspenderlos temporalmente. Sin embargo, esta decisión fue rechazada por la Cámara de Apelaciones, que consideró que la protección brindada por la medida de no corte de suministro era suficiente. "Lo que la Cámara de Apelaciones dijo la semana pasada fue que estaba bien la medida de impedir los cortes de suministro, pero que no convalidaba la decisión de retrotraer los aumentos", explicó Vicente.
En consecuencia, a partir de ahora, los usuarios recibirán facturas con los nuevos aumentos tarifarios. No obstante, la Cámara dispuso que estos incrementos no sean cobrados de manera retroactiva en la primera facturación, para evitar que las facturas resulten demasiado onerosas. "La Cámara sí dispuso, hizo una salvedad ahí, fue que no se podía en la primera facturación que viniese cobrarse los aumentos de manera retroactiva", señaló Vicente, sugiriendo que la empresa podría optar por escalonar o dividir en cuotas los incrementos para facilitar su pago.
La situación, según explicó, aún no está cerrada. Todavía queda pendiente una solución definitiva que debe ser adoptada por la jueza Borruto, en el marco del proceso judicial. Además, existe la posibilidad de que las partes, tanto demandante como demandada, decidan apelar la decisión de la Cámara. "Generalmente toda decisión tiene una posibilidad de revisión", indicó el Dr. Juan Vicente, dejando abierta la puerta a una posible intervención de la Corte Suprema de Justicia, en caso de que se decida llevar la cuestión a esa instancia.
La decisión de la Cámara de Apelaciones ha generado incertidumbre sobre el futuro de las tarifas de gas y las posibles consecuencias para los usuarios. Mientras tanto, la comunidad espera una resolución definitiva que pueda equilibrar los intereses de todas las partes involucradas.
