El fallo dictado por la Jueza Felicitas Maiztegui Marcó, basado en argumentos de libre mercado, declaró inconstitucionales las ordenanzas que prohibían el servicio de transporte no habilitado en Ushuaia, generando un intenso debate sobre la gobernabilidad y el control del transporte urbano en la ciudad.
En una interpretación sumamente polémica, el Juzgado Correccional de Ushuaia, estableció la inconstitucionalidad de las ordenanzas municipales 5283 y 6214, desatando un debate sobre la gobernabilidad de la ciudad. Ambas ordenanzas prohibían el transporte de pasajeros en vehículos que no sean taxis o remises habilitados, esencialmente bloqueando la operación de servicios como UBER.
La jueza Maiztegui Marcó utilizó argumentos del libre mercado para respaldar su decisión, afirmando que las normativas no solo restringen, sino que eliminan modalidades de transporte ampliamente aceptadas a nivel mundial. Esta sentencia es un claro ataque a las regulaciones legítimamente establecidas por el Concejo Deliberante de Ushuaia, órgano que legisló basándose en su poder de policía para ordenar el transporte urbano.
El fallo, resultado de las apelaciones de más de 10 choferes sancionados por el Juzgado Municipal de Faltas, sostiene que las ordenanzas violan principios constitucionales, incluyendo el derecho al trabajo y la libertad económica. Según la jueza, estas regulaciones «impiden el ejercicio de una actividad lícita», contraviniendo la libertad de elección del consumidor.
La sentencia ya recibió críticas por parte de la Asociación de Taxis de Ushuaia, la cual, junto a otras organizaciones, anunció su intención de acompañar la apelación a la polémica sentencia.
