El viceministro de Coordinación de Gabinete, Jorge Canals, participó en un diálogo institucional con legisladores para discutir la emergencia carcelaria en la provincia.
Uno de los problemas estructurales de Tierra del Fuego es la postergación de defecciones en cuanto al sistema penitenciario provincial. La falta de infraestructura y el crecimiento de la población carcelaria viene provocando en las últimas décadas una decisión de fondo.
En una entrevista realizada ayer en FM Masters, Jorge Canals, viceministro de la jefatura de gabinete, destacó la apertura y disposición de los legisladores al debate, considerando la complejidad del tema y la necesidad de encontrar soluciones.
Canals participó de una de las reuniones de Comisión para debatir el proyecto presentado por el legislador Pablo Villegas el año pasado, busca declarar la emergencia en el sistema penitenciario. Canals señaló que, aunque apoyan en gran medida el proyecto, han planteado algunas particularidades y consideraciones que podrían mejorar su implementación. «No somos necios de la realidad y necesitamos esta herramienta,» afirmó el viceministro.
Canals explicó que la provincia enfrenta una situación carcelaria crítica, con la única unidad penitenciaria ubicada en Río Grande y otros paliativos en Ushuaia e India. A corto plazo, se abrirá un cuarto anexo en Ushuaia que permitirá descomprimir la situación con 30 nuevos espacios. Sin embargo, reconoció que estas medidas solo ofrecerán soluciones temporales.
En cuanto a los desafíos más urgentes, Canals destacó la necesidad de mejorar las condiciones en la alcaldía de Ushuaia y descomprimir las unidades carcelarias en Río Grande, donde se prevé una ampliación para crear 70 nuevos espacios. Esta medida, sin embargo, solo aliviará la situación por un año y medio, por lo que se trabaja también en soluciones a mediano y largo plazo.
Seguidamente, el viceministro subrayó la importancia de explorar alternativas y tecnologías, como los instrumentos electrónicos de monitoreo, para reducir la cantidad de presos procesados, que actualmente representan el 30-35% de la población carcelaria. También mencionó el reciente convenio para la entrega de 500 pulseras electrónicas, lo que permitirá un mejor control y reducción de la sobrepoblación.
En cuanto a la construcción de nuevas unidades penitenciarias, Canals aclaró que no se prevé una nueva cárcel en Tolhuin o Ushuaia debido a limitaciones presupuestarias y la necesidad de concentrar recursos en Río Grande, donde ya existen las condiciones necesarias. «Estamos proyectando la ampliación en el mismo espacio donde ya tenemos los cercos perimetrales y un esquema impuesto establecido,» explicó.
Canals también habló sobre la posibilidad de una colaboración público-privada para la construcción de nuevas instalaciones, destacando que no se trata de una cárcel privatizada, sino de una iniciativa donde el sector privado construye la cárcel y el gobierno provincial mantiene el control de la seguridad interior y el sistema carcelario. Este modelo, usado en varios países, permitiría recuperar la inversión a largo plazo y ofrecer una solución más rápida y económica.
Finalmente, Canals informó que quedó pendiente una nueva convocatoria con el poder judicial para seguir avanzando en el proyecto. Asimismo, se realizará una reunión con el equipo económico de la provincia para discutir los recursos necesarios. «Nos llevamos la tarea de elevar propuestas tanto en la cuestión de fondo como en lo administrativo, para aplicar el proyecto de manera efectiva en el Ejecutivo,» concluyó el viceministro.
