Así, la medida impulsada por el gobernador Melella pasó el primer filtro del proceso, aunque todavía resta un pronunciamiento de fondo. El fiscal entendió en un dictamen que el Juzgado Federal de Río Grande no era competente, por tratarse de un tema de incumbencia originaria de la Suprema Corte.
La jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en el amparo colectivo presentado por el gobierno de la provincia para evitar el tarifazo de gas, a la vez que consideró admisible la medida y legitimado al gobernador Gustavo Melella para actuar en representación de los usuarios damnificados.
De esta forma, el recurso judicial al que adhirió la gran mayoría del arco político provincial, junto con organizaciones sociales y cámaras empresariales pasó el primer filtro del proceso, aunque todavía resta que la Justicia se expida sobre el fondo de la cuestión, es decir haciendo lugar o no al amparo y a la medida cautelar.
El criterio utilizado por Borruto contradijo el del fiscal Federal Marcelo Rapaport, quien en un dictamen consideró que el Juzgado de Río Grande no era competente para intervenir en el caso, al tratarse de un conflicto entre una provincia y la Nación, y por tanto competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia.
Al resolver la cuestión, la jueza entendió que “la prerrogativa de invocar la competencia originaria es facultativa y factible de ser renunciada y abdicada por quienes gozan de dicho privilegio”.
Y agregó que “la provincia no sólo interviene como parte por derecho propio, sino también, en representación de los usuarios y consumidores del servicio público de gas por redes de la subzona tarifaria «Tierra del Fuego».
Según Borruto, sobre la materia bajo análisis “no existen dudas” de que corresponde la intervención de la justicia federal, ya que las demandadas son el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) y el Estado Nacional (Secretaría de Energía de la Nación) mientras que el transporte y distribución de gas natural “constituyen un servicio público nacional”.
Asimismo, “corresponde la intervención del Juzgado a mi cargo, porque el ENARGAS tiene una delegación en esta ciudad, y los actos que se dispongan en las resoluciones cuestionadas también producirán sus efectos aquí”, entendió la magistrada en una resolución a la que accedió este medio.
Sobre la admisibilidad del amparo, Borruto consideró que la conducta de la parte demandada “aparece susceptible de conculcar los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores de gas por redes”, sin que ello implique adelantar un criterio sobre la decisión de fondo.
En tanto, sobre la legitimación de la provincia para representar a los usuarios de gas, dijo que está acreditada la “facultad de representación del colectivo” de acuerdo a las normas y los antecedentes vigentes.
Con todo ello, el Juzgado Federal comenzará ahora con el trámite propio del amparo, que incluye medidas probatorias y luego la emisión de un fallo para hacer saber a las partes si se frenará o no por la vía judicial el aumento en la tarifa de gas en la provincia.
