El caso del buque Tai An, multado por pesca ilegal de merluza negra, desató controversia en el sector, tras conocerse que fue autorizado a pagar solo el 30% del valor total de la mercadería decomisada.
Una situación de notable discrepancia ha surgido con el buque Tai An y su reciente implicación en la pesca ilegal de merluza negra. Tras la confiscación de la carga, las autoridades permitieron a la empresa propietaria, Prodesur, pagar solo el 30% del valor total de la mercancía incautada, establecer un plan de pago y obtener la mercadería para su comercialización en el mercado internacional, mientras que el barco fue liberado para regresar a la zona de pesca.
El artículo 53 de la Ley de Pesca establece que «en los casos de decomiso de capturas consideradas ilícitas, estas pueden ser sustituidas por un monto equivalente al valor de mercado en el momento del arribo del barco al puerto, según lo determine la autoridad competente».
Después de que la Subsecretaría de Pesca iniciara un proceso sumarial, el Ministerio de Economía anunció que, de las 139 toneladas de merluza negra decomisadas, se ordenó la sustitución por un importe en dinero equivalente al valor de mercado en el momento del arribo al puerto, ascendiendo a $2,500 millones, que serán destinados al Fondo Nacional Pesquero (FONAPE).
Sin embargo, surgieron discrepancias entre el comunicado oficial y el informe del INIDEP, ya que se mencionan 175 toneladas de captura ilegal. Además, según datos del INDEC, el valor promedio de la merluza negra en marzo fue de USD 25,258 por tonelada, lo que llevaría el total a USD 3.51 millones, incluso si se consideran las 139 toneladas. Esto sugiere que los USD 2.5 millones mencionados podrían ser el resultado de 90 toneladas de producto final obtenidos por Prodesur.
El permiso para pagar solo el 30% del valor total de la mercadería decomisada (USD 2.5 millones) y establecer un plan de pagos para el saldo restante, ha generado críticas.
Liu Zhijiang, propietario de Prodesur y del buque Tai An, ofreció pagar el 30% del valor de la merluza negra decomisada y tres cuotas a 30, 60 y 90 días para su comercialización en el mercado exterior. La propuesta, aunque inusual, fue aceptada por el subsecretario Juan Antonio López Cazorla, quien ordenó la liberación del barco y la mercancía.
El regreso del Tai An a la zona de pesca y la posibilidad de comercializar la merluza negra ilegalmente capturada, en su mayoría juvenil, han suscitado preocupación entre las empresas que cumplen con las cuotas establecidas y vigiladas internacionalmente.
La decisión de la Subsecretaría de Pesca podría ser cuestionada por Cancillería, recordando el reclamo conjunto de hace dos años cuando una flota inglesa pescó merluza negra sin cuotas en las Islas Georgias. Los tenedores de cuotas están preocupados, aunque prefieren no hacer declaraciones por temor a represalias.
La situación refleja la preocupación por la equidad en la aplicación de las leyes pesqueras y sus posibles implicancias en el comercio internacional de especies protegidas.
