Avanza el proceso judicial en el caso de estafa inmobiliaria de la urbanización ¨Altos de la Patagonia¨.
La justicia notificó a los presuntos responsables, incluyendo a un excomisario, por una estafa inmobiliaria que afectó a 60 familias en Río Grande. El abogado de la querella destacó avances en el proceso, vencido el temor a denunciar debido al poder de los implicados.
La Justicia avanza en el esclarecimiento de una estafa inmobiliaria en Río Grande, que involucra a prominentes figuras policiales y empresariales de la ciudad de Ushuaia. Según informes del abogado Paulino Rossi, representante legal de las familias afectadas, los presuntos responsables, incluyendo al excomisario Dardo Estefó, fueron notificados de sus derechos y garantías por la justicia.
Rossi, por FM Master’s, declaró: «El presidente de la Caja Compensatoria en ese momento, el comisario Dardo Estefó, sino también todos los miembros de la Comisión Directiva fueron notificados de derechos y garantías y también las otras partes de este fideicomiso, que es el señor Darío Prieto, que era administrador, y Walter Agra como titular de Financar sociedad anónima, las partes integrantes de la estafa, como está caratulada».
El abogado destacó el avance del proceso judicial después de algunos obstáculos iniciales: «Habíamos avanzado muy bien en una primera instancia, después tuvimos algunos cambios de competencia, cuando la competencia viene a Ushuaia el Juzgado hizo una lectura para nosotros errónea y pretendía archivar la causa. Nosotros apelamos y después de un fallo categórico de la Cámara, volvió al Juzgado de instrucción y se avanzó con la investigación y hoy están notificados de derechos de garantías y se continúa con la investigación».
El escándalo involucra a unas 60 familias afectadas, principalmente miembros de la fuerza policial y residentes de Río Grande, quienes adquirieron terrenos en cuotas en Altos de la Patagonia, bajo promesas incumplidas de entrega por parte de los acusados. Rossi describió la situación como «un elefante imposible de esconder» y denunció la falta de transparencia y legalidad en las operaciones inmobiliarias.
«Estamos hablando de gente que pagó cuotita por cuotita el terreno», afirmó Rossi, señalando la pérdida de confianza de los compradores en un sistema que aparentaba respaldo institucional y gubernamental. «Esta provincia se ha caracterizado, desde el Estado, en dar soluciones habitacionales a los que comenzaron por cuestiones irregulares, no vamos a hacer un juicio de valor, pero acá ¿cuántas tierras se han expropiado y son regularizados a quienes han tomado irregularmente la tierra? Esta es gente que pagó su terreno, esa plata fue a un organismo, no dejan de ser fondos públicos», agregó.
El temor inicial a denunciar la estafa, según Rossi, estuvo motivado por la influencia y el poder de los acusados: «Se demoró mucho en hacer la denuncia, primero por el miedo, porque estamos hablando de todos comisarios retirados, gente con mucho poder real. Estamos hablando de la primera línea de la Policía provincial y empresarios muy poderosos, con mucho contacto político».
La notificación de derechos y garantías marca un hito en el proceso judicial, indicando que la fiscalía y el juzgado de instrucción consideran configurado el delito de estafa. EL abogado Paulino Rossi concluyó: «Desde el año 2017 que tenían que entregar estos terrenos, que se haya logrado esto es muy importante, sobre todo hemos tenido muchos reveses en pasos previos y había que romper el miedo sí hay gente muy poderosa muy poderosa. Estamos hablando de uniformados con armas que eran los responsables de combatir el delito en la provincia que fueron los que estuvieron al frente de esta de esta estafa», denotando que el avance en la investigación brinda esperanza a las familias afectadas.
