El secretario de Gobierno de la Municipalidad advirtió sobre la inminente judicialización del conflicto con el Concejo debido al desconocimiento de vetos municipales a ordenanzas impulsadas por la oposición. El municipio advierte intento de desfinanciamiento.
En medio de un tenso enfrentamiento entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante de Río Grande, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, emitió declaraciones que sugieren una escalada hacia la judicialización del conflicto.
Este desencuentro se origina a raíz del veto municipal a una serie de ordenanzas que impulsó la oposición, el cual ha sido ignorado por los ediles, generando una situación de confrontación sobre cuestiones que afectan las finanzas públicas y la competencia de ambos poderes.
«Los proyectos fueron aprobados unilateralmente sin siquiera considerar el proceso habitual de debate en comisión. Lo que se aprobó ayer necesita un análisis riguroso antes de su aprobación. Nuestra comunidad necesita acciones concretas, sin anuncios vacíos que no contengan una proyección presupuestaria que los avale», expresó Díaz, destacando la falta de procedimientos adecuados por parte del Concejo en la aprobación de las ordenanzas.
Además, enfatizó que “la omisión deliberada del debate en comisión es un desprecio a la responsabilidad legislativa. No puede haber indiferencia hacia las implicaciones financieras y presupuestarias de las decisiones tomadas. No se puede ignorar la perspectiva del Ejecutivo sobre el impacto económico de los proyectos. Sin dudas, estos ponen en riesgo la estabilidad económica de nuestra ciudad».
El secretario de Gobierno hizo hincapié en la importancia de respetar los procedimientos establecidos y promover el diálogo y la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo para abordar las necesidades y preocupaciones de la comunidad en su conjunto.
«Este tiempo nos obliga a llevar adelante un proceso legislativo responsable que tenga en cuenta las necesidades y preocupaciones de toda la comunidad», añadió Díaz, subrayando la necesidad de un enfoque cooperativo para resolver los conflictos y avanzar en beneficio de los ciudadanos.
En cuanto al proceso de judicialización, Díaz adelantó que el municipio solicitará la intervención del Poder Judicial, específicamente del Superior Tribunal de Justicia, para aclarar las facultades del Concejo en relación con la modificación de un presupuesto ya aprobado. «Vamos a solicitar a la Justicia nos aclare ese punto respecto de las facultades del Concejo de modificar un presupuesto que fue aprobado el año pasado por todos los bloques políticos», afirmó el funcionario.
Además, expresó su preocupación por la aparente discrepancia de algunos actores del espacio justicialista, que están votando en contra de proyectos respaldados por el intendente Martín Pérez. «Me llama la atención que algunos actores del propio espacio peronista hoy están votando y tomando decisiones en el ámbito municipal de Río Grande en contra del proyecto justicialista del intendente Martín Perez. Un proyecto con justicia social y equidad donde necesitamos recursos para asistir a vecinos de Río Grande», señaló Díaz.
Finalmente, el secretario de Gobierno advirtió que desfinanciar al municipio va en contra del modelo municipal peronista y llamó a los responsables a rendir cuentas internamente dentro del partido o realizar una autocrítica. «Desfinanciar al municipio es no acompañar un modelo municipal peronista. En algún momento eventualmente deberán dar sus explicaciones internas dentro del partido o hacer una autocrítica», concluyó Gastón Díaz.
El conflicto entre el Ejecutivo y el Concejo de Río Grande refleja tensiones políticas y jurídicas que requieren una pronta resolución para garantizar el funcionamiento adecuado de la administración municipal y el cumplimiento de las responsabilidades.
