La frase ¨no hay plata¨ parece aplicar para todo el afuera de la esfera política, donde las restricciones parece cumplirse. Mientras tanto, las estructuras partidarias siguen intactas a la vez que se sector privado sufre el ajuste que la política no hace. Para la política siguen los recursos.
En el complejo escenario económico que atraviesa nuestro país, la ruptura de la cadena de pagos por parte del Estado hacia el sector privado se ha convertido en una dolorosa realidad.
Esta situación, más que un simple problema financiero, refleja una lógica perversa que podría denominarse como «el dinero público al servicio de los gastos estatales».
Es innegable que los tiempos difíciles imponen decisiones difíciles, pero es imperativo cuestionar la manera en que se gestionan las prioridades económicas.
La interrupción de la obra pública y la discontinuidad de pagos a proveedores privados contrastan drásticamente con la capacidad del Estado para mantener sus propias estructuras de sueldos, asesores políticos y gastos internos.
De ahí que la expresión «no hay plata» parece aplicarse únicamente hacia afuera de la esfera política, mientras internamente, los recursos parecen fluir de manera selectiva.
Es alarmante observar cómo los fondos públicos, en teoría destinados al bienestar colectivo, se desvían hacia el mantenimiento de estructuras políticas, sin considerar las consecuencias devastadoras que esto tiene en el sector privado.
Por esto mismo, la ruptura de la cadena de pagos no solo implica el despido masivo de trabajadores de la construcción, sino también el desfinanciamiento de comercios que actúan como proveedores del Estado.
La crisis económica no debería ser un pretexto para dejar de cumplir con las obligaciones hacia el sector privado, mientras el funcionamiento político estatal nuevamente no se ve afectado.
El tejido comercial-empresarial, que genera empleo y dinamiza la economía, se ve afectado de manera desproporcionada, mientras las estructuras partidarias parecen inmunes a las restricciones financieras.
Este fenómeno no es exclusivo de un nivel gubernamental, sino que se extiende a nivel municipal, provincial y nacional. La falta de coordinación y empatía hacia el sector privado revela una desconexión preocupante entre la clase política y la realidad de aquellos que sostienen la economía desde el ámbito privado.
El discurso recurrente de «no hay plata» solo resuena cuando se trata de compromisos hacia proveedores, mientras que las contrataciones afines y asesores de gente de cercanía con la militancia parecen multiplicarse sin restricciones.
Esta dicotomía alimenta la percepción de que las estructuras políticas siempre quedan por fuera de las crisis, resguardadas por un paraguas financiero que se sostiene a expensas del sacrificio de otros.
Es momento de exigir razonabilidad en el manejo de los recursos públicos y de repensar la lógica que perpetúa la desigualdad en la distribución de los mismos.
La recuperación económica no puede lograrse a expensas de un sector privado desfavorecido.
Es hora de replantear la prioridad de los gastos estatales y restablecer una cadena de pagos que refleje verdaderamente el bienestar colectivo. ¿La obra pública durante el 2024 o el mantenimiento invernal de la ruta 3, por ejemplo, se hará con asesores y con la estructura política de Tierra del Fuego?
