Mientras lentamente avanza la posibilidad de una solución global, en principio a través de una Ley ad hoc, en Ushuaia hay tomadores que decidieron llevar sus casos a la Justicia. El abogado que los representa informó que los procesos siguen avanzando.
El Dr. Cristian Rubio, abogado de autoconvocados damnificados por los créditos UVA de la ciudad de Ushuaia, informó que en los casos en que se judicializó el reclamo, se tramita una instancia de conciliación donde se intenta un acercamiento de partes, que como hasta ahora no ha sido posible, los procesos siguen su curso normal.
El letrado explicó que, como la operatoria UVA está instrumentada por una Ley nacional y depende del Banco Central de la República adoptar cualquier medida en tal sentido, “lamentablemente ante la falta de respuesta de la política nacional la gente se ha visto obligada a acudir a la Justicia tratando de lograr una revisión de contrato para contener los aumentos desmedidos que están padeciendo”.
Rubio mencionó para los casos que patrocina una figura llamada teoría de la imprevisión, en donde ante un evidente cambio en las condiciones fácticas respecto de las del momento de contratación, surge la posibilidad legal de una revisión del contrato al haberse tornado excesivamente oneroso para una de las partes.
En relación con la postura de los bancos, en el caso local el Banco de Tierra del Fuego, evitó hablar de “pérdidas” sino de “que ganen menos”.
Explicó que la forma de actualización de los créditos se rige por las UVA, “un artificio, un concepto, nadie vio un UVA, a nadie le dieron UVA. Se dio pesos y se debía devolver una determinada cantidad de UVA, en pesos”.
“El tema es que las UVA se actualizan a una velocidad y crecen mes a mes a la par e incluso por encima del dólar oficial, lo que tornó imposible el cumplimiento de la obligación mensual o lo torna excesivamente oneroso” describió el abogado.
Consideró luego que esta deuda de valor artificial “desnaturalizó los fines al contratar los tomadores, que era el acceso a una vivienda, como parte de la política de acceso a la vivienda, en 2017”. Pasados cuatro o cinco años para la mayoría de los tomadores, comprueban que “el sistema está colapsado y está fracasando, porque el UVA aumenta a un ritmo mucho mayor a la inflación o los ingresos” de los tomadores.
El problema grave con el que se enfrentan hoy, es que “acá a la gente le dieron pesos, no le dieron dólares ni casas, pero los pesos son UVA y los UVA valen lo que diga el Banco Central, que no para de actualizarlo”, y en cambio no hay una tasa de interés de referencia.
Detectado el problema, en 2019 se dictó una Ley de emergencia económica que definió revisar los contratos. En 2020 y 2021, las cuotas estuvieron congeladas o morigeradas por la situación de pandemia. Pero el 31 de julio de este año venció el último decreto, por lo que las cuotas de agosto ya vinieron con el aumento. “Por eso la gente está en la calle y ha cobrado estado público, por la desesperación, hay gente que pagaba una cuota de $ 13.000 y hoy paga $ 140.000”.
Básicamente lo real es que cambiaron las circunstancias fácticas, y por eso se pide la revisión. Además, “la gente se siente discriminada, porque como política de vivienda, la línea ProCreAr o Casa Propia tienen tasas de entre 14% y 20%. Pasaron de pagar $ 9.000 a $ 20.000. Son aumentos normales”.
Finalmente, el Dr. Rubio aclaró que el reclamo no es contra un Banco sino “contra el sistema. Los clientes están todos abiertos al diálogo, pero quieren terminar de pagar en términos razonables y no que los sujeten a esta modalidad inviable e impagable”. Caso contrario, “lo tendrá que sentenciar un tercero, la Justicia”.
