La Sala Acusadora el Concejo Deliberante concluyó rechazar por unanimidad la denuncia por no existir responsabilidad por parte del intendente Martín Pérez. La operación política quedó cerrada con la resolución del legislativo municipal.
Los concejales que integran la Sala Acusadora del Concejo Deliberante riongrandense entendieron que el hecho denunciado no encuadra como causal de juicio político.
Esta resolución, de parte de los ediles, surge a raíz del acceso a la información y documentación administrativa, judicial, y bancaria que se obtuvo para su correspondiente análisis e investigación.
«El intendente Martín Perez no es responsable de la acción llevada adelante por un ex empleado municipal que fue denunciado por el propio Municipio por realizar compras indebidas con una tarjeta con fines específicos», así lo afirmó la Sala Acusadora luego de una exhaustiva investigación que implicó la recolección de pruebas documentales. Dicha Sala está integrada por los concejales: Javier Calisaya, Walter Campos, Hugo Martínez, Cintia Susñar, Miriam Mora y Pablo Llancapani.
De acuerdo al proceso abierto en el Concejo Deliberante se afirmó también que «el Intendente ha cumplido con los requerimientos necesarios para clarificar y dar transparencia a las actuaciones llevadas adelante desde el momento que se identificó este hecho».
Cabe recordar que este proceso fue llevado adelante a raíz de una presentación de un vecino de la ciudad, lo que implicó – de acuerdo a la Carta Orgánica- la conformación de una Comisión Investigadora integrada por: Walter Campos, Hugo Martínez y presidida por el edil Javier Calisaya.
«Para nada implica afirmar que no existen responsabilidades de nadie más que la del ex funcionario municipal denunciado, pero eso lo determinará el Poder Judicial en el marco de la causa que se tramita ante aquel» sostuvieron desde la Comisión Investigadora, por lo que recomendaron «evaluar en profundidad el alcance de las responsabilidades y la adopción de medidas adecuadas para mejorar los procedimientos internos de control en la ejecución del gasto público, para evitar que se reiteren maniobras como la investigada y garantizar la transparencia en el manejo del dispositivo digital».
Cabe mencionar que parte de la decisión de eximir al Intendente de responsabilidad alguna, se fundamentó en el hecho de que la Comisión Investigadora accedió a toda la documentación requerida, incluidos los resúmenes de la tarjeta donde se acreditan los gastos indebidos de parte del ex empleado municipal denunciado; y se analizaron las actuaciones judiciales de donde surge que el propio Ejecutivo presentó la denuncia y luego la solicitud de constituirse como querellante en esta causa.
