En los últimos tres años el accionar de dos casos de funcionarios sacudieron a la sociedad fueguina y a los medios de comunicación.
Gustavo Caro, el narcofuncionario condenado por trasladar drogas, con el agravante que lo hizo en una camioneta oficial en plena cuarentena y César Segovia, ex Director de Juventudes del Municipio de Río Grande que utilizó de manera irregular una tarjeta de crédito corporativa.
Las reacciones públicas e institucionales que se dispararon sobre uno y otro son dignas de algunas reflexiones.
Quienes conocen la dinámica del Poder Judicial fueguino saben que el caso del ¨narcofuncionario¨ sólo se investigó y llegó a juicio porque la investigación la llevó adelante la Justicia Federal.
Gustavo Caro, además de trasladar drogas de un lugar al otro con vehículos oficiales, también habilitó permisos de circulación oficiales para los restantes integrantes de la banda.
Esto último sigue sin investigarse en la Justicia provincial, ya que, por el tipo de delito, no fue asumido por los magistrados federales.
Además de la vista gorda de la Justicia fueguina sobre la entrega de certificados, el gobernador Gustavo Melella tuvo un actitud política muy poco clara para con su funcionario. Cuando fue procesado la Administración Melella le otorgó una licencia a una de las manos derechas de la Ministra Gabriela Castillo, pero no fue dado de baja de su cargo.
Caro fue despedido recién el 25 de abril, 12 días después que presentará su renuncia. FORJA lo sostuvo hasta las últimas consecuencias y solo decidió sacarlo de la gestión cuando se volvió insostenible.
Llamativamente, desde el comienzo del caso del narcofuncionario no se produjeron reacciones políticas. No intervino la legislatura para pedir informes de cómo se había producido el operativo, ni tampoco para tratar de encontrar responsables más allá de Caro.
Por supuesto, no se presento pedido de juicio político alguno.
Sin embargo, la reacción ante Segovia fue radicalmente distinta. El Municipio riograndense canceló su designación de manera inmediata, recolectó la información y se presentó ante la Justicia para avanzar contra el ex director.
Ahora, en el segundo caso sí hubo reacciones políticas. La legisladora del Partido Verde Laura Colazo, a diferencia del silencio ante el exfuncionario provincial Caro, apuntó su artillería política en varias oportunidades. Lo mismo la oposición municipal, encabezada por los ediles de FORJA que pidieron información sobre los gastos de las tarjetas y decidieron avanzar con el pedido de juicio político presentado contra el intendente Martín Perez.
La reacción diametralmente opuesta ante la conducta del ex funcionario provincial Gustavo Caro y frente César Segovia es llamativa.
Colazo, siendo legisladora provincial, decidió llamarse a silencio frente al escándalo del funcionario narco y avanzó fuerte contra la gestión municipal por Segovia.
Lo mismo con los referentes de FORJA que entendieron que había gravedad en la conducta del ex Director de Juventudes, pero nada comentaron del caso Caro.
El Municipio de Río Grande reaccionó como indican los manuales: reconoció el hecho, denunció al funcionario y puso a disposición de la Justicia las declaraciones testimoniales de la primera línea de su gabinete, incluso con la presencia del mismo jefe comunal en Tribunales.
Seguramente, la mayor expectativa está centrada en lograr recuperar los fondos municipales que Segovia gastó de forma irregular.
Lo llamativo en esta trama es el doble estándar. Sobre Gustavo Caro no se produjeron reacciones políticas, mientras que ante el caso de la tarjeta corporativa se están dando todas las reacciones políticas habidas y por haber.
No está mal preguntarse el porqué del silencio de la Legisladora Colazo ante el caso del narcofuncionario y sus fuertes declaraciones contra la gestión municipal.
Las conductas irregulares de funcionarios públicos en todos los niveles deben ser investigadas y condenadas social e institucionalmente.
Lo llamativo en el caso del narcofuncionario provincial fueron los silencios cómplices. En contraste, cuando apareció el affaire Segovia se pusieron sobre la mesa un cúmulo de sobre actuaciones, que llaman la atención sí se comparan ambos casos entre sí y los impactos institucionales de uno y otro.
